LA DOCTRINA PAROT

La “doctrina Parot” toma su nombre de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el día 28 de febrero de 2006, en la que resolvía el recurso presentado por el etarra Henri Parot, al que la Audiencia Nacional denegó la acumulación de penas, lo que, de hecho, implicaba que el terrorista no podría salir en libertad en 2009 (ingresó en 1990), en función de la redención de penas. El Supremo, en dicha sentencia, admitió la acumulación de penas como se ha hecho siempre con todos los presos, pero aclaró a continuación que, "extinguida una pena, con las redenciones y beneficios que le puedan ser aplicables, comenzará el cumplimiento de la siguiente, y ello por el orden sucesivo de su respectiva gravedad". De esta forma, Henri Parot no saldrá de prisión hasta el 2020. El Supremo no pudo abstraerse del clima de malestar social ante la posible excarcelación del etarra Henry Parot en 2009, tras haber cumplido 20 años de condena de los 4.700 que le fueron impuestos por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990.

En definitiva, la denominada "doctrina Parot" trata sobre la determinación del criterio para la aplicación de los beneficios penitenciarios establecidos en las Secciones 4ª y 5ª del Capítulo V del Título III del Libro I del Código Penal de 1973, respecto a aquéllos condenados a diversas penas privativas de libertad, susceptibles de verse afectadas por el límite máximo de cumplimiento, previsto en la regla 2ª del artículo 70 del citado Código Penal. Así, y dado que el Código Penal de 1973 establecía un día de redención de la pena por cada dos días de trabajo, los terroristas condenados a cientos de años de prisión (por delitos cometidos antes de 1995) podían salir de la cárcel sin apenas haber cumplido 20 años, ya que las redenciones de la pena se descontaban del tiempo máximo de estancia en prisión, que el Código Penal de 1973 fijaba en 30 años.

La cuestión se planteó con la interpretación del artículo 100 en relación con el referido artículo 70, ambos del Código Penal de 1973, y el Alto Tribunal decidió, en la citada sentencia, que los beneficios y redenciones que procedan se aplicarían con respecto a cada una de las penas, empezando por la de mayor gravedad de todas las penas impuestas, y una vez extinguida la primera, se daría comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente. De esta forma, con la aplicación de la “doctrina Parot”, esos terroristas condenados a cientos de años de prisión, sólo podían redimir las penas una a una, con lo que, en la práctica, tenían que estar 30 años en prisión.

 

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CONDENA AL ESTADO ESPAÑOL POR APLICAR LA DOCTRINA “PAROT” CON CARÁCTER RETROACTIVO

La Sala Pequeña del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sentencia de 10 de julio de 2012, ha condenado a España a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la etarra Inés del Río Prada por aplicarle la “doctrina Parot” de forma “retroactiva” y le ha instado a ponerla en libertad “en el plazo de tiempo más breve posible”.

Se trata de la primera vez que Estrasburgo se pronuncia sobre la denominada “doctrina Parot”, que el Tribunal Supremo estableció en 2006 para determinar que los beneficios penitenciarios a los que accede un recluso deben aplicarse individualmente sobre cada una de las penas por las que haya sido condenado y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

Los magistrados de la Sección Tercera del TEDH admiten con esta decisión el recurso presentado por la defensa de Del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios asesinatos terroristas, entre ellos el que costó la vida a 12 policías en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, y miembro de uno de los más sanguinarios 'comandos Madrid' de la historia junto a José Ignacio de Juana Chaos.

El TEDH desautoriza por unanimidad la decisión de la Audiencia Nacional de retrasar la salida de prisión de Del Río desde el 2 de julio de 2008 hasta el 27 de junio de 2017, al considerar que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale, y el artículo 5.1, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad.

La sentencia constata que la nueva jurisprudencia del Supremo “ha vaciado de sentido los beneficios penitenciarios por trabajo a aquellas personas condenadas en virtud del antiguo Código Penal de 1973” y señala que en el caso de Del Río “este giro jurisprudencial se ha producido después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995”.

A este respecto, el TEDH sostiene que los Estados son “libres de modificar su política penal, sobre todo al reforzar la represión de crímenes y delitos” pero añade que “las jurisdicciones internas no deberían aplicar retroactivamente y en detrimento del penado los cambios legislativos realizados después de la comisión de la infracción”. “La aplicación retroactiva de las leyes penales posteriores sólo se puede admitir cuando el cambio legislativo sea favorable al acusado”, añade.

De esta forma, el tribunal constata que la jurisprudencia del Supremo ha provocado “el alargamiento retroactivo de la pena que la recurrente debía cumplir en casi nueve años”, en la medida en la que los beneficios penitenciarios con los que se habría podido beneficiar han resultado “completamente inoperantes, teniendo en cuenta la duración de las penas a las que había sido condenada”.

 

 

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DESESTIMA EL RECURSO DEL GOBIERNO ESPAÑOL CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO DE LA ETARRA INÉS DEL RÍO

En sentencia definitiva de Gran Sala, dictada el día 21 de octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestima el recurso que el Gobierno Español había interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Pequeña del mismo Tribunal el día 10 de julio de 2012, en el caso de la etarra Inés del Río Prada.

La Gran Sala del TEDH ha resuelto, por quince votos contra dos, que ha habido vulneración del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos; por unanimidad, que desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la demandante no es regular y vulnera el artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad); y por dieciséis votos contra uno, que corresponde al Estado demandado garantizar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible.

El Tribunal estima que la demandante (la etarra Inés Del Río) no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad – del 2 de julio de 2008 al 27 de junio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión de una duración superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible.

Esta sentencia supone un duro varapalo para la llamada “doctrina Parot”, ya que permitirá revisar un sinfín de casos en los que se había aplicado a terroristas, violadores y asesinos múltiples.

 


LA DOCTRINA PAROT NO SUPONE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE NINGUNA NORMA PENAL SANCIONADORA

Sin perjuicio de que las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de la etarra Inés del Río, se apartan de lo que venía sosteniendo hasta entonces este Tribunal (en el sentido de que las cuestiones relativas a la ejecución de la pena impuesta, no a la pena misma, no afectan al derecho a la legalidad penal consagrado en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la medida que no impliquen una ejecución de la pena más grave que la prevista en la ley, aunque sí puedan afectar al derecho a la libertad), lo cierto es que dichas sentencias dejan mucho que desear desde un punto de vista jurídico, tal y como paso a detallar a continuación.

La sentencia nº. 197/2006, dictada por el Tribunal Supremo el día 28 de febrero de 2006, por la que se instauró la popularmente conocida como “doctrina Parot”, ya explicaba en su quinto fundamento jurídico que la aplicación de dicha doctrina no infringía el principio de irretroactividad sancionadora desfavorable porque no suponía el cambio de ninguna disposición legal.

Pues bien, a este respecto,hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el principio de irretroactividad sancionadora desfavorable se entiende aplicable únicamente a las disposiciones legales (artículo 9.3 CE, artículo 7 CEDH), nunca a la jurisprudencia.

En segundo lugar, hay que señalar que, aunque la interpretación que entendía el límite de la pena de los treinta años como una pena nueva y autónoma a la que debían referirse los beneficios penitenciarios era una práctica imperante desde hacía tiempo, con anterioridad a la referida sentencia 197/2006, sólo una sentencia del Tribunal Supremo, la de 8 de marzo de 1994, de la que fue ponente el magistrado José Manuel Martínez Pereda, sostuvo tal interpretación, por lo que es evidente que no constituía “jurisprudencia” dado que el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que una única sentencia no constituye jurisprudencia y que se deben invocar al menos dos sentencias "sustancialmente idénticas" (SSTS Sala 1ª de 14 de junio de 1991, de 12 de diciembre de 1990 y de 11 de diciembre de 1989).

En consecuencia, la citada sentencia 197/2006 ni siquiera viene a alterar la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, dada la inexistencia de la misma sobre el caso concreto, suponiendo únicamente una nueva interpretación judicial. En concreto, la referida Sentencia 197/2006 explicaba que una interpretación conjunta de las reglas 1ª y 2ª del art. 70 de aquel Código, lleva a la conclusión de que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, sino que "tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario", razón por la que "el término a veces empleado, llamando a esta operación una "refundición de condenas", sea enormemente equívoco e inapropiado". "Consiguientemente –añadía la Sentencia–, las varias penas se irán cumpliendo por el reo con los avatares que le correspondan, y con todos los beneficios a los que tenga derecho. Por tanto, en la extinción de las penas que sucesivamente cumpla aquél, se podrán aplicar los beneficios de la redención de penas por el trabajo conforme al artículo 100 del CP de 1973. De tal modo, que la forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcancen las limitaciones dispuestas en la regla segunda del artículo 70 CP de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante”.

En tercer lugar, hay que señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en el caso Inés del Río contra España) entiende que se ha infringido el principio de irretroactividad de las disposiciones legales desfavorables simplemente porque, “como quiera que cuando la demandante cometió los crímenes, tenía una expectativa de que los más de 3.000 años a los que había sido condenada se convirtieran en 30, y que sobre tal módulo se aplicasen los beneficios de la redención de las penas por el trabajo, se han conculcado sus derechos”. Pues bien, esa mera “expectativa” ni tiene ni tenía apoyo alguno ni en la legislación española ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal y como ya hemos explicado, por lo que vulnerar dicha “expectativa” difícilmente puede suponer una vulneración del principio de irretroactividad penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


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