ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la Orden de Protección de las Víctimas de la violencia doméstica pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, ante el Juzgado de Instrucción, las victimas de violencia domestica pueda obtener un estatuto integral de protección que comprende medidas civiles, penales y asistenciales y de protección social.

La Orden de Protección es una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos ó faltas de violencia domestica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena su protección mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias, por remisión de la Orden de Protección a los Puntos de Coordinación de las Comunidades Autónomas.

Las medidas que puede adoptar el juez son, entre otras:

   Medidas penales:


     a. Privativas de libertad
      

     b. Prohibición de aproximación (orden de alejamiento)
    

     c. Prohibición de comunicación
   

     d. Prohibición de volver a la residencia de la victima
   

     e. Retirada de armas u otros objetos peligrosos

   Medidas civiles (hay que solicitarlas expresamente)


     f. Atribución del uso y disfrute de la vivienda
   

     g. Régimen de custodia de los hijos
    

     h. Prestación de alimentos
    

     i. Medida de protección al menor

Las medidas civiles tienen una vigencia ó duración de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la victima ó su representante legal un proceso de familia ante el Juez competente, las medidas adoptadas en la orden de protección permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En estos 30 días el Juez civil de Familia o el Juez de Violencia sobre la Mujer debe ratificarlas, modificarlas ó dejarlas sin efecto.

La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la protección de las victimas de la violencia domestica, donde se deberá hacer constar igualmente si queda sin efecto, y se comunica a las partes (víctima y agresor), al Fiscal, a las Administraciones Públicas implicadas y a las Fuerzas de Seguridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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