NOTICIAS JURÍDICAS

 

 

 

 

EL PLENO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO ENTIENDE QUE EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS DE LAS HIPOTECAS DEBEN PAGARLO LOS PRESTATARIOS.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en tres sentencias dictadas el 27 de noviembre de 2018, rectifica la Jurisprudencia emanada de la Sección Segunda de dicha Sala (sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018) y establece como doctrina que “el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos, cuando el documento sujeto es una escritura pública de constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, es el prestatario, en su condición de adquirente del negocio principal documentado, ello con base en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.

 

 

 

LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DEL  TRIBUNAL SUPREMO ENTIENDE QUE SON LOS BANCOS LOS QUE DEBEN PAGAR EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS DE LAS HIPOTECAS.

En sentencia de 16 de octubre de 2018 (recurso nº. 5350/2017), la SECCIÓN SEGUNDA de la SALA TERCERA del TRIBUNAL SUPREMO modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Esta doctrina se ha mantenido en sentencias dictadas por la misma SECCIÓN SEGUNDA los días 22 y 23 de octubre de 2018 (recursos nºs. 4900/2017 y 1168/2017).

 

 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO ENTIENDE QUE ES EL ADMINISTRADO EL QUE DEBE PROBAR LA FALTA DE INCREMENTO PATRIMONIAL EN EL PLUSVALÍA MUNICIPAL

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TRIBUNAL SUPREMO, en sentencia nº. 1163/2018, dictada el día 9 de julio de 2018, ha establecido una serie de criterios interpretativos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017. Estos criterios son:

1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.

2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a del TRLHL”.

 

 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA DOCTRINA SOBRE EL MÉTODO DE COMPROBACIÓN DEL VALOR REAL DE INMUEBLES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TRIBUNAL SUPREMO, en sentencia nº. 843/2018, dictada el día 23 de mayo de 2018, ha establecido varios criterios a la hora de fijar el valor real de los inmuebles a efectos de la aplicación del ITP.

Carga de prueba. En primer lugar, el TRIBUNAL SUPREMO deja claro que la carga de la prueba corresponde a la Administración, afirmando que “el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

Método de comprobación del artículo 57.1.b LGT. En segundo lugar, también deja meridianamente claro el ALTO TRIBUNAL que “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b LGT) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Y añade que “la aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”. Y que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Medios de prueba admisibles. Y ya por último señala el TRIBUNAL SUPREMO que, “para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho,  …  haya sido o no propuesto o practicado en la obligatoria vía impugnatoria previa”.

En consecuencia con ello concluye que “la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa”.

 

 

 

EL CGPJ PRORROGA HASTA FINAL DE AÑO EL PLAN DE ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy prorrogar por seis meses, hasta el próximo 31 de diciembre, el plan de urgencia adoptado para hacer frente a las demandas de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, consistente en la especialización en esta materia de un Juzgado por provincia –y uno en cada una de las principales islas de los dos archipiélagos-. 

Los asuntos de los que conocen estos Juzgados se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. 

El plan de urgencia, que tiene como objetivo dar una mejor respuesta a este tipo de litigiosidad ofreciendo soluciones que doten al sistema civil de seguridad jurídica, fue aprobado el 25 de mayo de 2017 y entró en funcionamiento el 1 de junio siguiente por un periodo inicial de siete meses, atribuyendo a los Juzgados especializados competencia exclusiva y no excluyente para conocer de la materia.     

El 28 de diciembre de 2017, la Comisión Permanente adoptó un nuevo plan  que permitiera, manteniendo la atribución de la competencia exclusiva a determinados Juzgados, establecer en su caso también la excluyente en aquellas provincias en las que el impacto del reparto de los demás asuntos entre los órganos jurisdiccionales del orden civil así lo posibilitara, en aras de una mayor eficacia en la resolución del conjunto de los asuntos civiles.

A falta de pocos días para la fecha de finalización, el próximo 30 de junio, de este segundo plan, se ha constatado que el número de asuntos resueltos por los Juzgados especializados en el primer trimestre de 2018 respecto al último de 2017 se ha incrementado en un 60,5 por ciento, mientras que la cifra de asuntos ingresados ha disminuido en un 25,6 por ciento. 

No obstante, la Comisión Permanente considera que la bolsa de asuntos pendientes -178.802 a 31 de marzo- hace conveniente el mantenimiento de las medidas acordadas, teniendo en cuenta además que la especialización de Juzgados a nivel provincial está teniendo como consecuencia la unificación de los criterios de decisión y la predecibilidad de la respuesta judicial –el 97,6 por ciento de las sentencias dictadas hasta la fecha han sido favorables al cliente-, lo que a su vez tiende a evitar el litigio mediante acuerdos extrajudiciales entre las entidades bancarias y los consumidores. 

Por ello, la Permanente ha acordado renovar las medidas adoptadas el pasado 28 de diciembre y prorrogar su vigencia durante seis meses, con las siguientes novedades: 

- En las provincias de Almería, Huelva, Sevilla y Bizkaia, la competencia en materia de cláusulas abusivas pasa a corresponder a las nuevas unidades judiciales cuya fecha de entrada en funcionamiento se prevé en la orden ministerial JUS/1277/2017, de 22 de diciembre. 

- En las provincias de Badajoz y de Cáceres, la competencia de los Juzgados especializados será excluyente en materia civil. 

Informe favorable del Ministerio de Justicia 

De conformidad con lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la adopción por el Consejo General del Poder Judicial de las medidas de atribución de conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos a uno o varios Juzgados del mismo orden jurisdiccional requiere del informe favorable del Ministerio de Justicia. 

Este departamento emitió el pasado 20 de junio un informe favorable a la prórroga del plan de urgencia en el que señala que “se puede concluir que “la especialización de Juzgados está consiguiendo cumplir con lo que se pretendía: se ha evitado que más de 250.000 demandas supusiesen una losa para toda la jurisdicción civil, las resoluciones están siendo unívocas y se está ofreciendo a los ciudadanos una respuesta única por parte de la Administración de Justicia”. 

El CGPJ también ha recabado informes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja- y de los Tribunales Superiores de Justicia

 

 

 

LA FISCALÍA PROVINCIAL DE VALENCIA RECURRE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SECCIÓ NOVENA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

El pasado 21 de noviembre de 2017, la SECCIÓN NOVENA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA dictó sentencia en la que, a pesar de declarar nula por abusiva la cláusula que impone al prestatario la totalidad de los gastos de constitución de un préstamo hipotecario, entiende que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados ha de pagarlo el consumidor pues entiende que, conforme a la normativa específica tributaria (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, RD 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y a las resoluciones judiciales de la SALA TERCERA del TRIBUNAL SUPREMO que la han interpretado, el sujeto pasivo es el prestatario.

La FISCALÍA PROVINCIAL DE VALENCIA ha recurrido en casación esta sentencia por entender que la SECCIÓN NOVENA “resuelve la cuestión, de forma opuesta a la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, establecida por la sentencia del Pleno número 705/2015, de 23 de diciembre de 2015”.

Igualmente entiende que sobre esta cuestión existe jurisprudencia contradictoria entre distintas Audiencias Provinciales, e incluso entre distintas secciones de la propia Audiencia Provincial de Valencia (recordemos que el día 6 de noviembre de 2017, la SECCIÓN SÉPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA dictó una sentencia en la que condenaba a BANKIA SA a devolver todos los gastos relativos a la constitución de una hipoteca, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados).

Por ello la FISCALÍA PROVINCIAL DE VALENCIA pide que se fije como doctrina lo siguiente: “Cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia del Pleno nº: 705/2015, de 23 de diciembre de 2.015 (F.D. Quinto – Motivo Séptimo. Decisión de la Sala. Punto 3), se haya declarado o declare abusiva y, por ende, nula la cláusula de atribución de gastos tributarios al prestatario, predispuesta en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado con consumidores, corresponde a la entidad prestamista y predisponente, restituir a los prestatarios – consumidores, el importe de los gastos tributarios pagados por los mismos, como consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada nula”.

 

 

 

NULIDAD CLÁUSULA GASTOS CONSTITUCIÓN HIPOTECA

En una reciente sentencia dictada el día 21 de noviembre de 2017, la SECCIÓN NOVENA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA confirma la nulidad de la cláusula que impone al prestatario la totalidad de los gastos de constitución de un préstamo hipotecario.

A pesar de ello, entiende que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados ha de pagarlo el consumidor pues entiende que, conforme a la normativa específica tributaria (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y a las resoluciones judiciales de la SALA TERCERA del TRIBUNAL SUPREMO que la han interpretado, el sujeto pasivo es el prestatario

Esta resolución choca frontalmente con lo resuelto por la SECCIÓN SÉPTIMA de la propia AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA en sentencia dictada el día 6 de noviembre de 2017, que entiende que el sujeto pasivo del IAJD, y por tanto el obligado al pago, es la entidad financiera que presta el dinero, pues así lo determina el artículo 15 de la Ley que regula dicho impuesto, resolviendo así la contradicción de esta disposición con el precepto que la desarrolla reglamentariamente pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley y al principio de jerarquía normativa”.

 

 

NULIDAD CLÁUSULA GASTOS CONSTITUCIÓN HIPOTECA

En una reciente sentencia dictada el día 6 de noviembre de 2017, la SECCIÓN SÉPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA confirma la nulidad de la cláusula que impone al prestatario la totalidad de los gastos de constitución de un préstamo hipotecario, condenando a BANKIA SA a devolver el importe pagado por los gastos de Notaría, Registro de la Propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados y de la gestoría administrativa contratada por la entidad financiera.

Esta sentencia se basa en la Jurisprudencia sentada por la SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO en la sentencia dictada el día 23 de diciembre de 2015 y menciona igualmente la reiterada doctrina sostenida por la SECCIÓN NOVENA de la propia AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA, por ejemplo, en sentencias nº. 578/2016 y 617/2016, ambas de 27 de abril de 2016, así como en la sentencia de 4 de mayo de 2016.

En cuanto al importe del impuesto de actos jurídicos documentados señala que el sujeto pasivo, y por tanto la obligada al pago, es la entidad financiera que presta el dinero, pues así lo determina el artículo 15 de la Ley que regula dicho impuesto, resolviendo así la contradicción de esta disposición con el precepto que la desarrolla reglamentariamente pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley y al principio de jerarquía normativa”. 

 

 

REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

El día 30 de diciembre de 2015 se publicó en el BOE el REAL DECRETO 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES, cuyo objeto es crear y regular la organización y funcionamiento del Registro previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél.

Este Registro contendrá toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, en los términos previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Asimismo, deberá constar el código identificador del perfil genético (ADN) del condenado cuando así se haya acordado por el órgano judicial.

Para la satisfacción de las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, tendrán acceso directo a la información contenida en el Registro:

a) Los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de cada órgano u oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia, incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias.

b) El Ministerio Fiscal, a través del personal de cada órgano u oficina fiscal autorizado por el Fiscal Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas.

c) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 549. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la prevención, persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro.

Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicación del órgano judicial, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la víctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, la cancelación se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en función de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.

b) Cuando la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados del que aquélla tiene su origen no conllevará la cancelación de esta información. Por otra parte, dicha información no podrá, por sí misma, servir de prueba para constatar la reincidencia.

Este Real Decreto entrará en vigor el día 29 de febrero de 2016.

 

 

 

NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

En el despacho hemos logrado que la SECCIÓN NOVENA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA haya modificado el criterio que había venido manteniendo con relación a la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en las ejecuciones hipotecarias.

Así, mediante auto dictado el día 22 de septiembre de 2015 y en aplicación de la doctrina sentada por al TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA en el auto dictado el día 11 de junio de 2015, la SECCIÓN NOVENA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA afirma que “ha modificado el criterio que había venido manteniendo con anterioridad, en el sentido de que si la cláusula, en su redacción, es nula (y así debe predicarse de la anteriormente transcrita, en abstracto, puesto que el mero impago, aun parcial, por capital o intereses, faculta al vencimiento anticipado de todo el préstamo)  aunque se haya ajustado el ejercicio del derecho a la norma legal hoy vigente (artículo 693.2 LEC) tal derecho se apoya en una cláusula nula, por abusiva, en abstracto, por lo que ha de prosperar la oposición a la ejecución, y procede, en definitiva, el sobreseimiento del presente procedimiento de ejecución hipotecaria. No podrá hacerse uso de tal cláusula, declarada nula, en orden a la declaración de vencimiento anticipado de la totalidad de lo debido, sin perjuicio, obviamente, de las demás vías de reclamación que resulten pertinentes, que no impliquen la aplicación de dicha cláusula”. 

De esta forma, aunque la ejecución hipotecaria se fundamente en un préstamo firmado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, la misma deberá ser archivada si se basa en una cláusula que prevea el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario ante el mero impago de una sola mensualidad y ello aunque la entidad bancaria haya dejado que se acumularan más de tres impagos antes de iniciar la ejecución.

AUTO AP 9 VALENCIA
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LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA (CNMC) MULTA AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (CGAE) POR RECOMENDAR A LOS COLEGIOS DE ABOGADOS LA IMPOSICIÓN DE DETERMINADOS REQUISITOS PARA PODER EJERCER LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Mediante la resolución nº. 491/2013, dictada el día 1 de septiembre de 2015, la CNMC impone una multa de 59.983,00 euros al CGAE por una práctica restrictiva de la competencia consistente en recomendar a los Colegios de Abogados que exijan a sus colegiados ciertos años de experiencia en el ejercicio de la profesión o que tengan la residencia y el despacho profesional en la demarcación territorial del Colegio para poder ejercer la asistencia jurídica gratuita.

Estos son los fundamentos jurídicos de dicha resolución:

“PRIMERO.- Habilitación competencial. Según la disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional de la Competencia [...] se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [...] y "Las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de 11 Competencia se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". De acuerdo con el artículo 5.1.c) de la Ley 3/2013, a la CNMC compete "aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia". El Artículo 20.2 de la misma ley atribuye al Consejo la función de "resolver los procedimientos sancionadores previstos en la Ley 15/2007, de 3 de julio"; y según el Artículo 14.1.a del Estatuto orgánico de la CNMC, aprobado por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, "la Sala de la Competencia conocerá de los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio". En consecuencia, corresponde resolver el presente procedimiento a la Sala de Competencia de la CNMC.

SEGUNDO. Tanto el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, como el Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, prohíben "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional". En particular, el apartado [c] de ambos artículos hace hincapié en el "reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento".

TERCERO.- Sobre esa base, esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC considera que el Art. 2.1 del Reglamento del turno de oficio, asistencia al detenido o preso y derecho a la justicia gratuita del Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara, en su actual redacción (vid. Hecho Acreditado SEGUNDO), es contrario a la vigente legislación en materia de Defensa de la Competencia.

(1) En primer lugar, la exigencia de estar incorporado al Colegio de Abogados de Guadalajara para ejercer la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en su demarcación territorial supone una restricción de la competencia contraria al principio de colegiación única previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, toda vez que compartimenta geográficamente el mercado y limita la oferta de abogados a aquellos colegiados en Guadalajara.

(2) Lo mismo cabe decir respecto de los requisitos de residencia y despacho profesional en la provincia de Guadalajara, pues ambos constituyen una clara compartimentación territorial que limita la competencia, favoreciendo a los abogados radicados en el territorio de la demarcación colegial en detrimento de los que no lo están, sin que dicha restricción pueda entenderse exenta en virtud de la Orden del Ministerio de Justicia de 1997, norma que carece del rango legal exigido por el Art. 4 de la vigente Ley de Defensa de la Competencia.

(3) Así mismo, la exigencia de experiencia profesional -3 años de ejercicio efectivo, 5 para el Turno Penal Especial- supone una barrera injustificada de acceso al turno de oficio para abogados de reciente colegiación, o simplemente con menos 12 años de experiencia que los exigidos por el Colegio pero que, sin embargo, tengan capacidad técnica suficiente derivada del requisito de haber superado los cursos de formación correspondientes. A diferencia de este último requisito, previsto en el artículo 25 de la Ley 1/1996, el de experiencia profesional carece de amparo legal, sin que la previsión contenida a tal efecto en el Art. 33 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita pueda, a la luz del Art. 4 de la LDC, suplir esa carencia. Adicionalmente, los requisitos descritos constituyen un obstáculo a la libre prestación de servicios y unidad de mercado, infringiendo el principio de no discriminación por razón de residencia o establecimiento contenido en el artículo 5 de la "Ley Paraguas" y en los artículos 3 y 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado cuyo artículo 17, por otro lado, desarrolla la instrumentación de los principios de necesidad y proporcionalidad.

CUARTO.- También sobre la base de lo recogido en el Fundamento de Derecho SEGUNDO, esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC entiende que las manifestaciones realizadas por el CGAE con ocasión de las reuniones de su Pleno de 21 de noviembre de 2013, de su Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 12 de diciembre de 2013 y de la respuesta dada a la solicitud del Defensor de Pueblo en noviembre de 2013 (vid. Hechos Acreditados QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO), infringen el Art. 1 de la vigente LDC. Esas manifestaciones revelan sin lugar a duda que, más allá de defender sus intereses corporativos en el marco de una reforma legislativa, el CGAE ha emitido una interpretación orientadora de cuáles son los requisitos que, en relación con el despacho y la residencia, han de reunir los abogados que quieran acceder al turno de oficio en cualquier Colegio. Dicha interpretación, puesta en conocimiento de los diferentes Colegios territoriales que están presentes en sus órganos de gobierno y comisiones, equivale a una recomendación cuyo objeto es homogeneizar la conducta de los Colegios, a fin de que todos ellos exijan despacho y residencia en su demarcación, compartimentando el mercado e impidiendo de forma injustificada el acceso al turno de oficio a los abogados que no cumplan esos requisitos.

QUINTO.- A lo largo de la Instrucción del Expediente las partes tuvieron ocasión de presentar cuantas alegaciones estimaron adecuadas para la mejor defensa de sus intereses. Sobre esa base, presentaron Alegaciones al PCH (vid. Antecedentes NOVENO a DUODECIMO) que el órgano instructor valoró, incorporando dicha valoración a la Propuesta de Resolución, y que las partes conocen. Esta SALA concuerda con la valoración del órgano instructor y la da por reproducida. Así mismo, las partes presentaron Alegaciones a la Propuesta de Resolución (vid. Antecedente DECIMOQUINTO). La SALA no encuentra diferencias sustantivas novedosas entre estas Alegaciones y las presentadas al PCH.

SEXTO.- Respecto a la sanción a imponer, las conductas imputadas al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara comenzaron cuando estaba vigente la Ley 13 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y continuaron bajo la actual Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Debe, pues, determinarse cuál de ellas es de aplicación. El Artículo 128 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ordena que sea la más favorable para el infractor. En este sentido, no hay duda de que el Artículo 10-1 de la Ley 16/1989 provee un mecanismo adecuado para determinar la sanción, a saber, un tanto alzado entre 0Eur. y 901.518,16Eur. que esté bien fundamentado en la aplicación de su Art. 10.2. Por su parte, la Ley 15/2007 determina las multas como un % del volumen de negocios, que debe ser previamente determinado. Llegados a ese punto, cualquier sanción que se imponga con la Ley 16/1989 es igualmente factible en el marco de la Ley 15/2007. Sin embargo, aunque en términos de sanción pecuniaria los organismos imputados en este Expediente no obtendrían ventaja alguna de aplicar una u otra Ley, es obvio que solicitar, compilar y procesar la información relativa a los respectivos volúmenes de negocio entraña un coste adicional. Por ello, esta SALA de COMPETENCIA no ve inconveniente en aceptar la pretensión del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, puesta de manifiesto en sus Alegaciones a la Propuesta de Resolución (vid. Folio Prov. 1089), de que le sea aplicada la Ley 16/1989 como más favorable.

SÉPTIMO.- Clarificado ese punto, son de aplicación el Art. 10-1-2 de la Ley 16/1989 y el Art. 64-1-2 de la Ley 15/2007, ambas de Defensa de la Competencia. Sobre esa base, y a los efectos del Expediente que ahora nos ocupa, esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC enfatiza lo siguiente: (1) El mercado afectado comprende la totalidad del servicio de asistencia jurídica gratuita porque el Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara ha limitado la posibilidad de ejercer dicho servicio en su demarcación a los abogados que reúnan las condiciones analizadas en el Fundamento de Derecho TERCERO, impidiendo ese ejercicio profesional a los demás, y el CGAE lo integran todos los Colegios de Abogados españoles. (2) La actuación imputada al Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara se ha venido produciendo desde 1999, año de la aprobación de su Reglamento del turno de oficio; y la del CGAE desde el año 2013. (3) Tanto el CGAE como el Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara conocían por la Dirección de Investigación de la extinta CNC que la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene por contrarias a la legislación vigente todas y cada una de las prácticas por las que se ha incoado el Expediente que nos ocupa (vid. Hecho Acreditado TERCERO), habiéndoles solicitado que adoptaran las medidas necesarias para ajustar su actuación a la citada legislación. Esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC entiende que la subsiguiente inacción por parte del Colegio y el CGAE a tal efecto es un elemento agravante de su conducta infractora. Por ello, esta SALA de COMPETENCIA considera apropiado imponer una multa de 30.000 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara; y al Consejo 14 General de la Abogacía Española, una multa del 0,5% de su ingreso consolidado en 2014, lo que equivale a 59.983 euros”. 

RESOLUCION 491-2013.pdf
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LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Con más de catorce años de retraso, el día 2 de julio de 2015, se aprobó la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, siendo publicada en el BOE al día siguiente.

Se trata de una reforma integral de la jurisdicción voluntaria que viene a modernizar este sector del ordenamiento jurídico-procesal a través de dos vías complementarias:  desjudicializando muchos asuntos que hasta ahora resolvían en exclusiva los Jueces e instaurando un procedimiento único que acaba por fin con el laberinto procesal en que se había convertido la regulación decimonónica de la jurisdicción voluntaria.

DESJUDICIALIZACIÓN. Se ha optado, con carácter general, por la alternatividad entre diferentes profesionales en determinadas materias específicas que se desgajan de la órbita de la Autoridad Judicial. Así, se establecen competencias compartidas entre Secretarios judiciales, Notarios y Registradores, lo que es posible atendiendo a que son funcionarios públicos y a las funciones que desempeñan: los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe pública judicial o extrajudicial, y los Registradores tienen un conocimiento directo y especializado en el ámbito del derecho de propiedad y en el mercantil, en concreto en sociedades.

Así, por ejemplo, los Notarios podrán conocer, de forma concurrente con los Secretarios Judiciales, expedientes tales como la consignación, la subasta notarial, el depósito mercantil, el nombramiento de peritos en contratos de seguro o la amortización de títulos-valor, además de los más mediáticos y polémicos "procedimientos monitorios notariales" y la posibilidad de llevar a cabo la celebración del matrimonio y la separación matrimonial o el divorcio cuando sea de mutuo acuerdo y no haya hijos menores de edad.

Además, se atribuye en exclusiva a los Notarios el conocimiento sobre la adveración y protocolización de los testamentos cerrados, ológrafos y los otorgados en forma oral, además de la declaración de herederos abintestato y la venta extrajudicial de bienes hipotecados.

Por su parte, a los Registradores Mercantiles se les atribuyen competencias en materia de Derecho societario, tales como la convocatoria de Junta General, la conciliación registral, la posibilidad de someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas de las empresas y la designación, en su caso, del auditor.
La distribución de los actos de jurisdicción voluntaria entre diferentes operadores jurídicos se refleja también en la estructura de esta Ley: el criterio que se sigue es, por razones de sistemática legislativa, el de extraer de su articulado la regulación de todos aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene fuera de la Administración de Justicia, con la consecuencia de que tan sólo se regularán en su seno los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial. Por su lado, los expedientes encargados a Notarios y a Registradores se regulan respectivamente en la legislación notarial e hipotecaria. A tal efecto, las disposiciones finales de la Ley de Jurisdicción Voluntaria introducen las modificaciones correspondientes en dichas leyes.
Por lo que se refiere a los expedientes que se mantienen en el seno de la Administración de Justicia, el criterio seguido es el de otorgar el impulso y la dirección de los expedientes a los Secretarios judiciales, atribuyéndose al Juez o al propio Secretario judicial, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen por esta Ley. Se reserva la decisión de fondo al Juez de aquellos expedientes que afectan al interés público o al estado civil de las personas, los que precisan una específica actividad de tutela de normas sustantivas, los que pueden deparar actos de disposición o de reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos o cuando estén en juego los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, en la nueva terminología a la que ya se ha hecho referencia. De este modo, el Juez es el encargado de decidir, como regla general, los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y de familia, y también alguno de los expedientes en materia mercantil y de Derecho de obligaciones y sucesorio que no se encomiendan a Secretarios judiciales, Notarios o Registradores.

PROCEDIMIENTO ÚNICO. La otra gran novedad que introduce la Ley de Jurisdicción Voluntaria es la creación de un procedimiento general u ordinario, de aplicación subsidiaria a cada uno de los expedientes en lo no específicamente establecido por cada una de las regulaciones particulares. Este nuevo procedimiento incluye todas las posibles vicisitudes procesales desde el inicio hasta la decisión final, con preceptos que regulan cuestiones tales como la acumulación de expedientes, el tratamiento procesal de la competencia, la admisión de las solicitudes y las diversas posibles situaciones procesales de los interesados, la celebración de la comparecencia oral, la decisión del expediente y el régimen jurídico de los recursos.

En ocasiones, para evitar duplicidades en la regulación de determinadas materias, la Ley se remite a la legislación civil o mercantil cuando en ella se regula un determinado expediente. 

ENTRADA EN VIGOR. Esta Ley entrará en vigor el día 23 de julio de 2015 excepto:
1. Las disposiciones del Capítulo III del Título II de esta Ley, reguladoras de la adopción, que entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia.

2. Las disposiciones del Título VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales, que entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

4. Las modificaciones del artículo 7 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; las del artículo 7 de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España; y las del artículo 7 de Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima respectivamente, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.
5. Las disposiciones de la Sección 1ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

 

EL DIA 1 DE JULIO DE 2015 DESAPARECEN LAS FALTAS
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, deroga el Libro III del Código Penal, en el que se regulan las “faltas”, si bien se mantienen muchas de las conductas que constituían las “faltas” pero configurándolas como “delitos leves” pues, en su mayoría, se trata de conductas tipificadas ya como delitos, que pueden incluirse en cada uno de ellos como subtipo atenuado aplicable a los supuestos en los que las circunstancias del hecho evidencian una menor gravedad. 
Así, pasan a ser “delitos leves” los siguientes comportamientos:
- art. 142.2, homicidio por imprudencia menos grave
- art. 147.2, delito de lesiones de escasa gravedad; no aplicable en supuestos de víctimas vulnerables, en cuyo caso se aplica el artículo 153
- art. 147.3, maltrato de obra; no aplicable en supuestos de víctimas vulnerables, en cuyo caso se aplica el artículo 153
- art. 152.2, lesiones graves por imprudencia menos grave
- art. 171.7, amenazas leves
- art. 171.7.2º, amenazas leves en violencia doméstica y de género
- art. 172.3, coacciones leves
- art. 172.3.2º, coacciones leves en violencia doméstica y de género
- art. 173.4, injurias y vejaciones injustas; violencia de género y doméstica
- art. 203.2, entrar o mantenerse en domicilio público, de escasa gravedad
- art. 234.2, hurto menos de 400€
- art. 236.2, hurto de cosa propia menos de 400€
- art. 246.2, alteración de lindes menos de 400€
- art. 247.2, distracción de aguas menos de 400 €
- art. 249, estafa menos de 400€
- art. 252.2, administración desleal menos de 400 €
- art. 253.2, apropiación de cosa perdida o abandonada menos de 400€
- art. 254.2, apropiación de cosa recibida menos de 400€
- art. 255.2, defraudación eléctrica menos de 400€
- art. 256.2, defraudación en telecomunicaciones menos de 400€
- art. 263, daños menos de 400€
- art. 270.2.2º, delito contra la propiedad intelectual, de escasa gravedad
- art. 274.3.2º, delito contra la propiedad industrial, de escasa gravedad
- art. 337.4, maltrato de animales 
- art. 337 bis, abandono de animales 
- art. 386, distribución de moneda falsa menos de 400€
- art. 389, distribución de sellos o efectos timbrados menos de 400€
- art. 402 bis, uso de uniforme 
- art. 556.2º, falta de respeto y consideración a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Estos nuevos “delitos” tendrán un plazo de prescripción de un año (frente a los 6 meses de las antiguas “faltas”) y serán castigados con penas de multa, si bien se recurre a la imposición de penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de la localización permanente cuando se trata de delitos de violencia de género y doméstica, con el fin de evitar los efectos negativos que para la propia víctima puede conllevar la imposición de una pena de multa. 
Para el enjuiciamiento de todos estos “delitos leves” se seguirá aplicando la regulación de los juicios de faltas (artículos 962 a 977 LECRIM), si bien se introduce un criterio de oportunidad, que va a permitir a los jueces, a petición del Ministerio Fiscal, valoradas la escasa entidad del hecho y la falta de interés público, sobreseer el procedimiento (arts. 963 y 964 LECRIM), descargando así a los órganos jurisdiccionales de la tramitación de asuntos carentes de verdadera relevancia y, por tanto, reduciendo los recursos disponibles para el esclarecimiento, persecución y sanción de las conductas realmente graves. 
Como régimen transitorio, se prevé que los juicios de faltas en tramitación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, por hechos ahora tipificados como “delitos leves”,  continuarán tramitándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en la vigente LECRIM, mientras que los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de la referida Ley Orgánica por hechos que resultan despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo y, si en estos casos, continuare la tramitación el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas.

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El Consejo de Ministros celebrado el día 13 de marzo de 2015 se han aprobado dos Proyectos de Ley (uno de ley orgánica, en el que se regulan aquellas materias que afectan a derechos fundamentales como el estatuto del investigado y las diligencias de investigación tecnológica; y otro de ley ordinaria, en el que se regulan las materias de índole estrictamente procesal) que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso y regular las medidas de investigación tecnológica, carentes de marco legal por tratarse de una ley aprobada en 1882, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

 

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL
Modificación de las reglas de conexidad

Entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de un único procedimiento. La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables.
Delitos sin autor conocido
Los atestados policiales sin autor conocido, (salvo que se vea comprometida la vida, la integridad física o la indemnidad y libertad sexuales), no se remitirán a los Juzgados, donde son archivados inmediatamente, sino que serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales. Esto contribuirá a descongestionar los juzgados de expedientes que generan tareas meramente burocráticas, lo que permitirá a los jueces centrarse así en las investigaciones.
Plazo de instrucción
Se sustituye el inoperante plazo de un mes previsto en la actual LECRIM para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas, transcurridos los cuales se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán un plazo de 6 meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables por otro plazo similar. En ambos casos, por razones excepcionales el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación.
Se considerarán complejos los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.
El sistema de plazos, del que será garante el Ministerio Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones, al evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables.
Monitorio penal
Se establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por su abogado, acepte la pena solicitada. Este proceso permitirá una rápida respuesta penal para delitos como el de conducción bajo los efectos del alcohol y aligerará, por tanto, la carga de los juzgados de lo penal.

 

GARANTÍAS PROCESALES
Investigado y encausado
Se sustituye el término “imputado” por el de “investigado” durante la fase de instrucción y por el de “encausado” tras el auto formal de acusación.
Segunda instancia
Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, éstas no habían sido desarrolladas. El Proyecto de Ley fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal. En caso de valoración de la prueba, la Audiencia tendrá potestad para devolver las actuaciones al Juzgado que dictó la sentencia, instándole a una nueva valoración de la prueba o, en su caso, a la celebración de un nuevo juicio.
Recurso de revisión europeo
Se establece en el ordenamiento español el recurso de revisión como vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren que se ha vulnerado el Convenio Europeo de DDHH en un procedimiento penal. Esto ha conllevado una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional. Así, se incorpora el supuesto como habilitante del recurso de revisión, lo que permitirá reclamar la nulidad de una sentencia nacional.
La reforma tiene en cuenta la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales para realizar una regulación sistemática del derecho a la asistencia letrada, con expreso derecho a la entrevista reservada antes del interrogatorio policial.

 

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
El artículo 579 de la LECRIM se complementará con una nueva redacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro apartados: interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.
La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los castigados con una pena máxima de, al menos, tres años de prisión, los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, los de terrorismo, y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.
El Proyecto de Ley establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también encausados por los hechos investigados.

 

NUEVO MARCO PROCESAL DEL DECOMISO
El decomiso contaba hasta ahora con una regulación de escasa aplicación ante la inexistencia de herramientas reales para hacerlo eficaz en el proceso judicial. A partir de ahora, el artículo 803 de la LECrim regulará un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. Se podrá actuar contra todo el patrimonio del penado e incluso decomisar bienes de origen ilícito puestos a nombre de terceras personas.
El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva, lo que se completará de manera coordinada con la reforma del Código Penal y la futura creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Ambos frentes permitirán agilizar la gestión con criterios mercantiles de estos bienes decomisados y que el Estado pueda obtener con ello un beneficio económico que redunde en el pago de indemnizaciones a víctimas, desarrollo de proyectos sociales y la lucha contra el crimen organizado.

REAL DECRETO LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL

En el BOE del sábado 28 de febrero de 2015 se ha publicado el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que entrará en vigor el día 1 de marzo de 2015.

Este Real Decreto Ley introduce novedades en cuatro bloques de materias:

1. MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA, las cuales se pueden resumir agrupándolas en tres bloques:

1.1. En primer lugar, se modifica la Ley Concursal, flexibilizando los acuerdos extrajudiciales de pagos, de forma que se amplía su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; se regula la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y, por último, se potencia la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Además, y como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores “persona natural” en el marco del procedimiento concursal, regulando un auténtico mecanismo de “segunda oportunidad” con el que se trata de permitir que las personas físicas que lo han perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, puedan verse liberadas de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Este sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa). Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor quedará exonerado de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios. Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

1.2. En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

De esta forma, se amplía el ámbito subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, e incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años. También se introduce una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos.

1.3. Por último, se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de los colectivos especialmente vulnerables, contenido en la Ley 1/2013.

2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO, modificando

2.1. la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de permitir a nuevos colectivos la aplicación de la deducción de 400 euros prevista en el artículo 81 bis de esta Ley. De esta forma, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de familias numerosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependen y conviven exclusivamente con aquel. Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho artículo a los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pensiones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental señalada anteriormente, y no sólo a los trabajadores por cuenta propia o ajena. Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento establecido en la Ley Concursal.

2.2. la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente exentas, se establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención, siempre que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos. Esta modificación debe entrar en vigor para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, lo que justifica la urgencia de la aprobación de la misma, teniendo en cuenta, adicionalmente, que debiera evitarse su aplicación en los pagos fraccionados correspondientes a dichos períodos impositivos.

2.3. la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de acometer las adaptaciones legales que permitan aclarar y completar la configuración en las unidades electorales ya iniciada con el Real Decreto ley 20/2012, con la finalidad de homogeneizar los instrumentos existentes en materia de negociación colectiva, representación y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

3. MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO, centradas en

3.1. el establecimiento de un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores. De esta forma, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes quedarán exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podrá ser inferior al 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

Al igual que la tarifa plana de cotización ya vigente, esta nueva bonificación o reducción se aplicará durante un período de 24 meses. En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongará durante 12 meses más, quedando exentos durante este último período de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los supuestos de contratación a tiempo parcial.

La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calculará aplicando el importe íntegro de la base de cotización que les corresponda.

3.2. la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

3.3. la modificación de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, incluyéndose una medida de apoyo al trabajador autónomo basada en una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador autónomo, para aquellos supuestos en los que el profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad. Además, el disfrute de esta bonificación queda sujeta a la contratación de un trabajador por cuenta ajena, con lo que se cumple un doble objetivo: por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad del proyecto profesional del trabajador autónomo, permitiéndole hacer frente a sus obligaciones familiares, manteniendo su actividad profesional y, por otro lado, al estar vinculada la medida a la contratación de un trabajador por cuenta ajena, se pretende contribuir a la dinamización del mercado de trabajo.

4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, concretadas, especialmente, en una modificación de La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para eximir de las mismas a las personas físicas pues, según señala la exposición de motivos del RDLey, “se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional”.

 

 

 

LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DIVIDIDA EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado cuatro autos, con fecha 2 de diciembre de 2014 (en los rollos de ejecutoria nºs. 37/1986, 28/1987, 43/1988 y 24/2005), en los que acuerda la acumulación de la condena impuesta por un tribunal francés a un preso de ETA, abonándole el tiempo efectivo de prisión cumplido en ese país en ejecución de la misma. La referida Sección Segunda considera que “el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la acumulación de condenas como instrumento para hacer efectivo el límite de cumplimiento máximo que establece el Código penal (artículo 70 del Código de 1973, artículo 76 del Código de 1995). El requisito que ha establecido la jurisprudencia es la conexión cronológica, es decir, que las fechas de ejecución de los hechos y de las sentencias hubieran permitido juzgar los delitos en el mismo proceso; únicamente se excluyen las condenas por hechos posteriores a la data de la firmeza de la primera sentencia, porque la acumulación pudiera tener un efecto criminógeno. En estos casos, los hechos de la sentencia de las autoridades francesas podrían haber sido juzgados en los procesos celebrados ante este tribunal, a la vista de las fechas de comisión y de la primera sentencia, por lo que procedería la acumulación. Que la pena ya haya sido cumplida no es impedimento, como ha establecido la jurisprudencia (STS 434/2013). El origen de la resolución, la jurisdicción de otro Estado, tampoco es óbice, criterio también sentado por la jurisprudencia, máxime si se trata de sentencias de tribunales de Estados miembros de la Unión Europea, por el efecto de los principios de reconocimiento mutuo de autoridades y resoluciones y la consideración debida a las sentencias de condena, tal y como interpretó la STS 186/2014 en un caso idéntico.

Sin embargo, la Sección Primera de la referida Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en sentido contrario a la acumulación en su auto de fecha 2 de diciembre de 2014 (ejecutoria 25/02, sumario 32/88), el cual, por un lado, considera que "resulta al menos discutible que pueda extrapolarse al supuesto que ahora nos ocupa el contenido de la mencionada STS 186/2014" y, por otro, comparte "los argumentos contenidos en el informe del Ministerio Fiscal relativos a la ausencia de efecto directo de las Decisiones Marco no traspuestas al Derecho interno”.

 

 

 

NUEVO VARAPALO DEL TJUE AL GOBIERNO ESPAÑOL

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de fecha 17 de julio de 2014 (asunto C-169/14, Sánchez Morcillo), declara contrario al derecho comunitario el procedimiento de ejecución hipotecaria  español, por entender que vulnera el principio de igualdad de armas procesales, por cuanto el artículo 695.4 LEC no permite al deudor ejecutado que recurra en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que al profesional- acreedor ejecutante sí que le permite interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.

 

 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENTIENDE QUE NO HAY PLAZO PARA RECURRIR DECISIONES DESESTIMATORIAS POR SILENCIO ADMINISTRATIVO

El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia nº. 52/2014, dictada el día 10 de abril de 2014,  en la cuestión de inconstitucionalidad nº. 2918/2005, entiende que “habida cuenta de que, primero, el inciso segundo del artículo 46.1 LJCA que regula el plazo de impugnación del “acto presunto” subsiste inalterado; segundo, que, tras la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, en los supuestos de silencio negativo ya no existe acto administrativo alguno finalizador del procedimiento (art. 43.2 LPC), ni un acto administrativo denominado “presunto” basado en una ficción legal como se desprendía de la redacción originaria de la Ley 30/1992 y tercero, que la Administración sigue estando obligada a resolver expresamente, sin vinculación al sentido negativo del silencio [arts. 42.1 y 43.3 b) LPC], el inciso segundo del artículo 46.1 LJCA ha dejado de ser aplicable a dicho supuesto. En otras palabras, se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1 LJCA”.

 

 

EL GOBIERNO LIMITA LA JUSTICIA UNIVERSAL

En el BOE del día 14 de marzo de 2014 se publica la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la justicia universal.

Con esta reforma se limita la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles a través de dos puntos claves:

1. Se limita la persecución de los delitos cometidos fuera del territorio nacional a los procedimientos que se dirijan contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
2. Se elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, condicionando la apertura del procedimiento a la presentación de una querella por el agraviado o por la Fiscalía.

Por otro lado, se amplia la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los delitos de corrupción de agente público extranjero previstos en el Convenio de la OCDE.

 

 

LA NULIDAD DE ACTUACIONES, EL ERROR JUDICIAL Y LA REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES ESTÁN EXENTOS DE TASAS JUDICIALES

En respuesta a la cuestión planteada por el Consejo General de la Abogacía Española, la Dirección General de Tributos considera que están exentos de abonar tasas judiciales los supuestos de incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), las reclamaciones de cantidad por causa de error judicial (artículo 293 LOPJ) y en los motivos de revisión de sentencia firme recogidos en el artículo 509 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

 

EL GOBIERNO APRUEBA UNA NUEVA REGULACIÓN DEL ABORTO, QUE ABANDONA EL SISTEMA DE PLAZOS VIGENTE DESDE 2010 Y VUELVE AL SISTEMA DE INDICACIONES DE 1985

El Gobierno ha aprobado este viernes, 20 de diciembre de 2013, el anteproyecto de la nueva ley del aborto, en el que desaparece la posibilidad de abortar libremente en las 14 primeras semanas y la interrupción voluntaria del embarazo se limitará a dos supuestos:

1º. Cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual prevalecerá el derecho a la dignidad más esencial de la mujer, que podrá interrumpir la gestación en las 12 primeras semanas tras interponer la correspondiente denuncia.

2º. Cuando exista un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la madre, lo que se entenderá cuando el embarazo produzca un menoscabo importante en su salud, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento. En estos casos, la interrupción de la gestación debe realizarse en las 22 primeras semanas. Para acogerse a este supuesto será necesario un informe previo emitido por dos médicos especialistas en la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer y ajenos al centro donde se practique el aborto. Si el peligro tiene su origen en anomalías incompatibles con la vida del feto, el informe sobre la madre solo tendrá que estar firmado por un médico y no dos, pero será necesario otro sobre el feto. Si hay peligro vital para la mujer, no será necesario ningún informe.

Más allá de las 22 semanas de gestación sólo se podrá interrumpir el embarazo en el caso de que exista un peligro vital para la mujer o el peligro para la salud de la madre derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado o que sólo en ese momento lo sea con un diagnóstico certero.

El Partido Popular derogará así la ley de 2010 que impulsó el Gobierno del PSOE y volverá a una ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985 -la primera de la democracia- al eliminar el supuesto de malformación del feto.

MENORES DE EDAD E INCAPACITADOS. El anteproyecto prevé que para interrumpir voluntariamente el embarazo, las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad y las mayores sujetas a curatela deben contar con el asentimiento de los padres o tutores o curadores. Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés.

En los casos de menores de 16 años o mujeres mayores sujetas a tutela será necesario el consentimiento de los padres o tutores y la manifestación de la voluntad de la menor, para lo que se atenderá a su edad, madurez y circunstancias. En caso de desacuerdo el juez dará valor al consentimiento de los padres o tutores siempre y cuando atienda al interés del menor.

El juez intervendrá con el procedimiento urgente que esta norma introducirá en la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que haya motivos que impidan o desaconsejen que se consulte a los representantes legales o curadores; cuando nieguen su consentimiento o asentimiento; o si expresan opiniones distintas.

DESPENALIZACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA EMBARAZADA. A diferencia de las leyes anteriores, en esta nueva regulación del aborto se despenaliza la conducta de la mujer que se practica o consiente que le sea practicado un aborto, al entender que se trata siempre de una víctima. En la ley de 1985 se preveía que las mujeres que abortaban fueran castigadas con penas de prisión de 6 a 12 meses o multa de 6 a 24 meses, y en la ley de 2010, con multa de 6 a 24 meses.

El texto aprobado hoy mantiene las mismas penas ya vigentes en el Código Penal para quien produzca el aborto, pero se concretan y definen todos los supuestos para que los profesionales sanitarios tengan mayor seguridad jurídica.

Para quien produzca el aborto de una mujer con su consentimiento o la induzca a abortar fuera de los casos despenalizados se prevén penas de uno a tres años de cárcel. Cuando el aborto se produzca fuera de los centros acreditados se impondrá en su mitad superior.

Además, el que realice el aborto sin el consentimiento de la mujer o habiéndolo conseguido mediante violencia, amenaza o engaño podrá ser condenado a penas de 4 a 8 años de cárcel. El aborto por imprudencia grave se penará con entre tres y cinco meses de cárcel o multa de seis a 10 meses.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA DEL PROFESIONAL SANITARIO. A diferencia de las leyes anteriores, el nuevo anteproyecto regula la objeción de conciencia de cualquier profesional sanitario que participe o colabore en los supuestos despenalizados de interrupción voluntaria del embarazo sin posponerla a un reglamento posterior como ocurría con la ley de 2010.

El profesional sanitario que quiera objetar deberá comunicar esta circunstancia por escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial.

ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA. La atención a la mujer que se vea en la necesidad de interrumpir voluntariamente su embarazo, en cualquier caso, queda totalmente garantizada, pues la prestación para la interrupción voluntaria en los supuestos despenalizados se mantendrá incluida en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

 

 

CARLOS LESMES, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Carlos Lesmes Serrano como nuevo presidente del órgano constitucional y del Tribunal Supremo durante el VII Mandato (2013-2018), en la sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2013.

Lesmes ingresó por oposición en las carreras judicial y fiscal en 1984. En una primera etapa ejerció como fiscal: entre 1984 y 1993 fue fiscal en la Audiencia Provincial de Alicante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1985-1992) y ante el Tribunal Constitucional (1992-1993).

En 1993 reingresó en la Carrera Judicial, tras superar las oposiciones a magistrado especialista del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Entre 1993 y 1996 fue magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Entre 1996 y el año 2004 estuvo en situación de servicios especiales dentro de la Carrera Judicial.

En este tiempo ejerció como Director General de Objeción de Conciencia (1996-2000) y como Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (2000-2004), cargos ambos del Ministerio de Justicia.

Carlos Lesmes regresó en 2005 a su plaza en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona, siendo nombrado presidente de dicha Sala, cargo que ejerció hasta el año 2010.

Asimismo, fue presidente en funciones de la Audiencia Nacional desde septiembre de 2008 a abril de 2009.

En marzo de 2010, el Pleno del CGPJ lo designó magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cargo que ocupa actualmente.

En el año 2012, Lesmes fue miembro de la Comisión Institucional designada por el Ministerio de Justicia para asesor en la elaboración de la propuesta de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Además, es autor de diversas obras sobre protección de datos de carácter personal, Derecho de Internet, Derecho Penal Administrativo, Ética de las Profesiones Jurídicas, Contratación Pública y Proceso contencioso-administrativo. También ha participado como director y como ponente en numerosos cursos y seminarios sobre su especialidad destinados a jueces fiscales y secretarios judiciales.

Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y de la medalla de oro concedida por la Liga Española Pro-Derechos Humanos por la labor en pro de la objeción de conciencia.

 

CARLOS LESMES, PRESIDENTE DEL CGPJ Y DEL TS

 

 

REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL

En el BOE del día 3 de diciembre de 2013 se publicó el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal.

La publicidad de los concursos de acreedores es una consecuencia necesaria del carácter universal de los efectos del concurso de acreedores, que exige que el conocimiento de su declaración y de los pormenores de su tramitación llegue a todos los posibles interesados. Es por ello que la Ley Concursal ha prestado especial atención a la publicidad del concurso de acreedores, que ha de permitir a estos conocer no sólo la existencia de un concurso que les afecta, sino también la de todas las resoluciones que se aprueben a lo largo del proceso concursal y de las anotaciones que se han de practicar en los registros públicos jurídicos de personas y bienes.

Los problemas que se fueron detectando tras la entrada en vigor de la Ley Concursal pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar el papel que aquí ha de cumplir el Registro Público Concursal. El Real Decreto-ley 3/2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, ya modificó el artículo 198 de la Ley Concursal, con esa finalidad. Igualmente, la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, ha profundizado en esta cuestión modificando no sólo el artículo 198, sino también el 24 relativo a la publicidad registral. Asimismo, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores, ha modificado la Ley Concursal para añadir un nuevo título X que regula los llamados acuerdos extrajudiciales de pagos, para cuya publicidad se ha creado una nueva sección en el Registro Público Concursal.

El calado de estas reformas obliga a establecer un régimen nuevo para el Registro Público Concursal, que, por un lado, se adapte a su nueva configuración en el artículo 198 de la Ley Concursal y, por otro lado, instaure los mecanismos de coordinación entre los diversos registros públicos que prevé el apartado 7 del artículo 24 de la Ley. Estos preceptos contienen las novedades que explican el contenido de este real decreto.

El Registro Público Concursal que ahora se configura responde, en primer lugar, a un principio de unidad de información, de tal forma que tanto las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso concursal, como las que implican la apertura de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y su finalización, y los asientos registrales derivados de los mismos encuentren un punto de encuentro a efectos de su publicidad. El Registro es el instrumento que asegura esa coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, así como con los expedientes sobre acuerdos extrajudiciales de pagos.

Y, en segundo lugar, que esa publicidad se obtenga a través de Internet, lo que facilita la accesibilidad a la información concursal. El resultado ha de ser la puesta a disposición de los interesados de una información coordinada y completa.

La puesta en marcha y el mantenimiento del Registro Público Concursal corresponde al Ministerio de Justicia, que encomienda su gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. En lo que se refiere al funcionamiento del Registro Público Concursal, son los Juzgados, los Registradores Mercantiles, los Notarios y los registros públicos los que proporcionan la información de los distintos concursos y expedientes de acuerdo extrajudicial que se ha de incorporar al Registro.

Al Registro Público Concursal corresponde el almacenamiento y sistematización de toda esa información, facilitando la interconexión con los demás registros, cumpliendo así la función coordinadora prevista en el apartado 7 del artículo 24 de la Ley Concursal.

La publicidad correspondiente a cada procedimiento se producirá con la resolución por la que se deje constancia de la comunicación de negociaciones prevista en el artículo 5 bis o con la apertura de cada concurso, cuyo auto, al igual que las demás resoluciones que se adopten en el proceso concursal, se remitirán al Registro Público Concursal, así como a los correspondientes a los registros públicos que corresponda, de los cuales procederá, a su vez, la información que integrará la sección segunda del Registro

Otro tanto sucede con la publicidad correspondiente a la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, que se producirá con la certificación o copia del acta que acuerde dicha apertura. Y que al igual que los restantes anuncios, actas o resoluciones que se adopten sobre ese expediente, se remitirán al Registro Público Concursal, así como a los correspondientes a los registros públicos que corresponda, de los cuales procederá, a su vez, la información que integrará la sección segunda del Registro.

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley Concursal, los asientos que se practiquen como consecuencia de las anteriores comunicaciones en los distintos registros públicos se remitirán también al Registro Público Concursal, de acuerdo con un criterio de integración y coherencia de la información, a la que todos tendrán acceso. Lo mismo sucederá para el Juzgado que tramite el concurso, que irá dando publicidad a las resoluciones que de acuerdo con la Ley Concursal han de incluirse en el Registro Público Concursal.

La estructura del Registro Público Concursal es la que se establece en el artículo 198 de la Ley Concursal y consta de tres secciones.

La sección primera dará la publicidad correspondiente a las resoluciones procesales dictadas durante el proceso concursal y a las que deba darse publicidad de acuerdo con la ley. En esta sección se incluyen también aquellas resoluciones que ordene el Juez al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley Concursal.

La sección segunda contiene las resoluciones registrales anotadas en los distintos registros públicos, incluyendo las que declaren la culpabilidad del concursado y las designen o inhabiliten a los administradores concursales.

La sección tercera, relativa a los acuerdos extrajudiciales, contiene la información precisa sobre la iniciación y finalización de los procedimientos para alcanzar los acuerdos extrajudiciales de pagos regulados en el título X de la Ley Concursal, así como las previsiones de publicidad edictal del proceso de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.

Finalmente, este real decreto incluye una previsión relativa a la interconexión del Registro Público Concursal con los registros de resoluciones concursales de los restantes Estados miembros de la Unión Europea, la cual habrá de realizarse de conformidad con las normas europeas que la regulen. De esta forma, en el contexto europeo se reconoce el papel de estos registros como una fuente de información jurídica esencial para facilitar las gestiones de ciudadanos, juristas, Administraciones Públicas, empresas y otros interesados. Estos registros permiten a los bancos, los acreedores, los socios comerciales y los consumidores acceder a información oficial y fiable sobre casos de insolvencia, garantizando la transparencia y la seguridad jurídica en los mercados de la Unión Europea. Esta previsión se refleja también en la regulación de la sección primera del registro, en la que se prevé la publicidad de la apertura de un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro cuando así lo inste el síndico de dicho concurso.

El único inconveniente de esta norma es que no entrará en vigor hasta el día 3 de marzo de 2014, retrasando la aplicación de un sistema de publicidad realmente necesario para el tráfico jurídico.

 


 

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 2 DE SANTANDER HA ELEVADO UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA LEY 1/2013, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS.

En la cuestión prejudicial que ha elevado el titular del Juzgado de Primera Instancia nº. 2 de Santander plantea dos cuestiones:

EFECTOS DE LA NULIDAD DE LOS INTERESES DE DEMORA

El magistrado plantea, en primer lugar, si cuando una cláusula de interés moratorio es considerada abusiva, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el juez debe declarar "la invalidez de todo tipo de interés moratorio" y no debe considerarse "vinculado por el recálculo que pueda realizar el Banco".

Al plantear la cuestión prejudicial el magistrado recuerda que la citada Directiva "establece un sistema de protección basado en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional", lo que "le lleva adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido", e invoca abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Señala el magistrado que si el juez español pudiera integrar las cláusulas abusivas fijando un nuevo tipo de interés de demora "se pondría en peligro" el "efecto disuasorio" que busca la Directiva 93/13/CEE. "Dicho en castellano, con el efecto disuasorio se proclama la necesidad de dar un escarmiento" al profesional que haya incorporado cláusulas abusivas a sus contratos, aclara el juez, quien considera que la Directiva trata de evitar que vuelva a suceder.

Y así es como venía procediendo el titular del Juzgado de Primera Instancia nº. 2 de Santander: cuando consideraba que el tipo de interés era abusivo lo dejaba en cero, criterio confirmado por la Audiencia Provincial de Cantabria.

En este punto, el magistrado señala que la Ley de medidas para la protección de los deudores hipotecarios trastoca el escenario al suscitar "un proceso de recálculo" que trata de obliga a estar al tope del interés moratorio, esto es, tres veces el interés legal de dinero. A su juicio, lo propio sería que el interés moratorio fuera expulsado totalmente del contrato.

Añade el juez que "en la práctica jurisprudencial se está manifestando una gran discrepancia de criterios" entre quienes entienden que si el tipo de mora es abusivo debe dejarse en tres veces el interés legal del dinero (normalmente el 12%), quienes creen que debe ser el del interés del dinero (normalmente el 4%) y quienes estiman que el tipo de mora, al ser considerado abusivo, debe desaparecer y pasar a ser el 0%. 
Por eso, expresa sus dudas sobre cuál de estas interpretaciones se ajusta a la Directiva de Consumo y reclama del TJUE que aclare cuál es la más correcta.

A su juicio, la nulidad -con desaparición del interés de mora si es abusivo- "tiene un componente sancionatorio que no debe ser desdeñado" y añade que "no es justo que el profesional infractor que predispone un pacto abusivo de intereses moratorios pueda obtener el interés legal" porque "supondría equiparar el infractor con el que no pactó ningún interés moratorio".

Por ello, se pregunta si la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 "es conforme a la Directiva al imponer un proceso de recálculo de un tipo de interés moratorio abusivo tomando como referencia el triple del interés legal" y pide al Tribunal europeo que aclare "si supone una limitación de la tutela del consumidor". Además, extiende esta cuestión a la interpretación jurisprudencial del artículo 1108 del Código Civil.

VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PRÉSTAMO

En segundo lugar, el magistrado solicita al Tribunal Europeo que se pronuncie si, caso de considerarse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado -que es la que permite dar por resuelto el contrato y tener por debidas todas las cantidades que el consumidor tenía que devolver al profesional pero en un largo plazo-, debe entenderse "por no puesta" y deducir las consecuencias que procedan aun cuando la entidad bancaria haya esperado el tiempo mínimo "previsto en la norma nacional".

En el caso analizado la cláusula es ilegal porque permite ejercer esta figura ante el impago de cualquier fracción del préstamo, siendo que la nueva legislación señala un mínimo de tres meses de impago.

Como la entidad bancaria esperó cuatro meses de impago del consumidor, el Juez se pregunta "si esta estrategia unilateral del banco no constituye una integración prohibida" por el Tribunal europeo y si el efecto disuasorio de que habla el TJUE "se compadece con que el Banco que ha forzado un pacto abusivo salve su nulidad con el sencillo expediente de esperar a que pase tiempo".

La cuestión, que fue remitida el pasado 19 de noviembre de 2013, ha quedado admitida a trámite en el TJUE y está pendiente de estudio por sus servicios jurídicos.

 

 

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS FALLA EN CONTRA DE LA DOCTRINA PAROT

En sentencia definitiva de Gran Sala, dictada el día 21 de octubre de 2013, en el caso de la etarra Inés del Río Prada contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto, por quince votos contra dos, que ha habido vulneración del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos; por unanimidad, que desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la demandante no es regular y vulnera el artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad); y por dieciséis votos contra uno, que corresponde al Estado demandado garantizar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible.

El Tribunal estima que la demandante (la etarra Inés Del Río) no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad – del 2 de julio de 2008 al 27 de junio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión de una duración superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible.

Esta sentencia viene a resolver el recurso que el Gobierno Español había interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sala Pequeña del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el día 10 de julio de 2012, en la que ya se había fallado en contra de la “doctrina Parot”.

 

 

 

LEY DE EMPRENDEDORES

En el BOE del día 28 de septiembre de 2013 se ha publicado la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

Esta Ley tiene por objeto apoyar a aquellas personas, físicas o jurídicas, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización.

Entre las medidas más destacadas que regula esta Ley, podemos destacar las siguientes:

1. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL EMPRENDEDOR PERSONA FÍSICA.

El emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, podrá limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada». En concreto, la Ley permite excluir a la vivienda habitual del emprendedor de la responsabilidad por sus deudas empresariales o profesionales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.1. el valor de la vivienda no podrá superar los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil 
1.2. la vivienda no debe estar afecta a la actividad empresarial o profesional del emprendedor, 
1.3. en el momento de la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, se debe identificar la vivienda habitual que se pretende desvincular de la responsabilidad derivada del tráfico mercantil o profesional,
1.4. la no sujeción de la vivienda debe anotarse también en la hoja abierta el inmueble en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

2. SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA.

La Ley 14/2013 permite constituir sociedades de responsabilidad limitada con una cifra de capital social inferior al mínimo legal (que la ley fija en 3.000,00 euros). Mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo, la sociedad de responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de formación sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas:

2.a. Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía.

2.b. Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 60 por ciento del capital legal mínimo.

2.c. La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios y administradores.

En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital mínimo establecida en la Ley.

No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los socios en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva. Los fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas en la constitución responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones.

Así pues, el régimen jurídico de estas sociedades de formación sucesiva es idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada, excepto por las obligaciones reseñadas, tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros.

3. NEGOCIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS.

El deudor que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones puede, en lugar de solicitar la declaración de concurso, iniciar un nuevo procedimiento de negociación extrajudicial de deudas que se sustancia ante un registrador mercantil o un notario, el cual se limita a designar a un mediador concursal, que impulsa la avenencia y asegura que se cumplan los requisitos de publicación y publicidad registral necesarios. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento. En estos casos, el procedimiento sirve de tránsito al concurso.

La reforma incluye también la exoneración de deudas residuales del deudor persona física en los casos de liquidación del patrimonio del deudor que, declarado en concurso, directo o consecutivo, no hubiere sido declarado culpable de la insolvencia, y siempre que quede un umbral mínimo del pasivo satisfecho.

4. APOYOS FISCALES.

4.1. Criterio de caja en el IVA.

Para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, se crea un régimen especial de IVA, con el que las pymes y autónomos (cuyo volumen de operaciones no supere los dos millones de euros) podrán aplazar el pago de este impuesto hasta el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o, como mucho, hasta el último trimestre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

4.2. Apoyos fiscales por reinversión  de beneficios.

Las empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el período impositivo que se reinviertan en la actividad económica. Será aplicable ya a beneficios que se generen en periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

4.3. Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

La Ley permite que las deducciones por I+D+i  que puedan aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema único en España de devoluciones, que garantiza a los empresarios que van a poder recuperar sus inversiones en I+D. Se empezará aplicar ya a los gastos e inversiones en I+D realizados en 2013, pudiéndose cobrar en 2015.

4.4. Incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión de beneficios.

Con el objeto de favorecer la captación por empresas, de nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes, se establece un nuevo incentivo fiscal en el IRPF a favor de los "business angels", o de las personas interesadas en aportar solo capital para el inicio de una actividad o "capital semilla":

4.4.1.Deducción del 20% en la cuota estatal en el IRPF con ocasión de la inversión realizada al entrar en la sociedad. La base máxima de la deducción será de cincuenta mil euros anuales.

4.4.2.Exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.

5. APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES.

Al objeto de facilitar el acceso al crédito de las empresas, se refuerza el sistema público de avales y garantías públicas, sentando las bases legales para una importante restructuración de las sociedades de garantía recíproca, al objeto de que éstas puedan desempeñar, con mayor eficacia, sus servicios de aval a las pequeñas y medianas empresas.

 


EN EL BOE DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2013 SE HA PUBLICADO EL REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2 DE AGOSTO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL.

Este Real Decreto-ley 11/2013 viene a "resolver" el problema planteado por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 61/2013, de 14 de marzo, que declaró inconstitucional y nula, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social, por entender que vulneraba el artículo 14 de la Constitución española, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, el Real Decreto-Ley vuelve a modificar la Disposición Adicional Séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:

La regla segunda del apartado 1 queda redactada de la siguiente forma:

“Segunda. Periodos de cotización. Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.
A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período.

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones.

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calculará sobre los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación”.

El párrafo c) de la regla tercera del apartado 1 queda redactado en los siguientes términos:

“c) A efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial.

El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del artículo 163 y la disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente excepción: Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años”.

Esto quiere decir, a grandes rasgos, que un trabajador a tiempo parcial ya no tendrá que cotizar 15 años para acceder a una pensión. El período mínimo de cotización que se le exigirá variará para cada empleado y se ajustará a un nuevo parámetro, el denominado “coeficiente de parcialidad”, que estará ligado a la jornada laboral y se determinará teniendo en cuenta toda la vida laboral del empleado. Este coeficiente representará el “porcentaje de parcialidad” de la jornada con respecto a la de tiempo completo: así, por ejemplo, si un trabajador tuviera un “coeficiente de parcialidad” del 50% (su jornada laboral fuera la mitad de la completa) el período mínimo de cotización que tendría que acreditar para la jubilación no serían 15 años sino 7,5 años.

La base reguladora de la pensión se calculará igual que con carácter general, realizando la media de las bases de cotización del interesado de los últimos 16 años, en 2013 (hay que recordar que está en marcha el periodo transitorio que introdujo la reforma del sistema de pensiones y el tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión va a ir aumentando).

Para establecer la cuantía concreta de la pensión, la nueva regulación partirá del periodo mínimo de cotización del trabajador. Así, si ha trabajado sólo ese periodo mínimo, cobrará el 50% de su base reguladora. A partir de ahí, todo el tiempo que supere el periodo mínimo exigido, supondrá un incremento sobre ese porcentaje del 50%, en base a la escala general de la jubilación ordinaria.

En todo caso, la norma garantiza también la pensión mínima prevista en los Presupuestos Generales (631,30 euros en el caso de la jubilación a los 65). Así, si la pensión causada por el trabajador resulta inferior al importe de la pensión mínima vigente en cada momento y reúne el resto de requisitos (carencia de otros ingresos o rentas) tendrá derecho a un complemento hasta alcanzar la cuantía mínima, complemento cuyo importe no podrá superar la cuantía de la pensión no contributiva.

 


REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

En el BOE del día 27 de junio de 2013 se publicó la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuya disposición final primera modifica los artículos 2, 3, 9, 10 y 17, y la disposición adicional de la Ley de Propiedad Horizontal.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el incremento hasta tres años del plazo para la afección real. Así, el adquirente responderá, a partir de ahora, con el inmueble adquirido de las cantidades adeudadas hasta el límite de las que resulten de la parte vencida de la anualidad en la que se adquiera y los tres años anteriores (artículo 9.1.e LPH).

Además, los créditos derivados de esta obligación tendrán la condición de preferentes a efectos de lo dispuesto en el artículo 1923 del Código Civil y precederán, para su satisfacción, a los citados en los números 3º, 4º y 5º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (artículo 9.1.3 LPH).

Otro aspecto importante de la reforma es la consideración como obligatorias o necesarias de una serie de actuaciones, de forma que no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios. Dado su carácter obligatorio, estas actuaciones serán costeadas por los propietarios de la comunidad, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono (artículo 10.2.a LPH), quedando afectos los pisos o locales al pago de estos gastos en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9.1.e LPH para los gastos generales (artículo 10.2.c LPH)

Estas actuaciones obligatorias son las siguientes (artículo 10.1 LPH):

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

c) La ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.

d) La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el art. 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana.

e) Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e independientes, el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su disminución por segregación de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.

En consonancia con la obligatoriedad de estas actuaciones, se derogan los artículos 8, 11 y 12 de la Ley de Propiedad Horizontal (disposición derogatoria de la referida Ley 8/2013).

 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD EL NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el miércoles 12 de junio de 2013, ha aprobado por unanimidad el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, después de la votación individualizada de cada artículo.

La nueva norma supone una plena adecuación a la Directiva de Servicios del Parlamento Europeo transpuesta por las denominadas Ley Ómnibus y Ley Paraguas y recoge formalmente aspectos que ya estaban vigentes sobre todo en relación con la colegiación única para ejercer en todo el territorio del Estado, la absoluta libertad en la fijación de honorarios y la posibilidad que tiene el abogado de realizar publicidad de sus servicios.

 Se potencia el funcionamiento democrático de las instituciones de la Abogacía, dando mayor peso al voto ponderado como sistema general.

• Se limitan los mandatos de los cargos electivos en el Consejo General de la Abogacía, que pasan de cinco a cuatro años de duración

• Se establece la posibilidad de utilizar con todas las garantías el voto electrónico en las elecciones a miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados.

• Se da mayor impulso a la función social de los Colegios y de sus servicios de orientación jurídica gratuita a personas privadas de libertad, mujeres víctimas de violencia de género, mayores, discapacitados, Oficinas de Intermediación Hipotecaria, etc.

• Se facilita el acceso de los ciudadanos a los Colegios, mediante políticas de transparencia, de calidad de los servicios colegiales, la tramitación electrónica de todos los procedimientos y la defensa de los derechos de los usuarios de servicios jurídicos.

• Se aprueban medidas para garantizar el derecho a la igualdad de acceso a los cargos en las instituciones de la Abogacía.

• Se actualiza el ejercicio de la profesión de abogado, regulando todas las formas de actuación profesional, individual y colectiva, adecuándolo a la regulación de las sociedades profesionales.

• Se regula el ejercicio en función del uso de las nuevas tecnologías (abogacía on line).

• Se fijan los derechos y deberes de los abogados en relación con sus clientes (información, calidad del servicio, libre fijación de honorarios, atención a posibles recomendaciones, etc.).

• Se potencia la conciliación de la vida familiar y profesional de los abogados.

• Se incorpora al nuevo Estatuto toda la regulación sobre formación recogida en la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado para garantizar el mejor servicio al ciudadano

• Se establecen nuevas obligaciones formativas con especial atención a la formación continua.

• Se regulan las relaciones con otros colegiados y con los tribunales.

• Se suprime la venia que se sustituye por una mera comunicación

• Se moderniza el régimen deontológico y sancionador. El nuevo texto actualiza el catálogo de infracciones con una tipificación más acorde con la realidad, garantizando mayor seguridad jurídica en la actuación de los abogados.

Corresponde al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española la elaboración del Estatuto General de la profesión y someterlo a la aprobación del Gobierno.

Este nuevo texto sustituirá al Estatuto aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio y que se publicó dentro del marco del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia suscrito el 31 de mayo de 2001.

 


NUEVA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

En el BOE de 5 de junio de 2013 se publica la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, cuyo objetivo fundamental es la flexibilización del mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, en los siguientes aspectos:

– La actualización de la renta podrá desligarse del IPC.

– Reducción de la duración de la prórroga obligatoria. Se reduce de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita, con objeto de dinamizar el mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad.

– Recuperación del inmueble por el arrendador. El arrendador podrá recuperar el inmueble para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, siempre que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el mismo, dotando de mayor flexibilidad al arrendamiento.

– Desistimiento del arrendatario. El arrendatario podrá desistir del contrato una vez que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días, reconociéndose la posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización para el caso de desistimiento.

- Inscripción en el registro de la propiedad. Los arrendamientos no inscritos sobre fincas urbanas no surtirán efectos frente a terceros adquirentes que inscriban su derecho.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, agilizándose el procedimiento judicial para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento por parte del inquilino. Así, se habilita un plazo de 10 días para que el arrendatario pague la deuda pendiente o para que se oponga a la demanda, produciéndose al desahucio inmediato si no paga o se opone en dicho plazo.

 


ENTRA EN VIGOR LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.

El día 30 de mayo de 2013 se publicó en el BOE la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Con esta reforma se calcula que se amnistían 125.000 viviendas dentro de la Zona de Servidumbre de Protección (adyacente al dominio público), a las cuales sólo se autorizarán obras de mejora y modernización "siempre que no impliquen un incremento ni en altura ni en volumen" de la edificación.

Entre las novedades de esta reforma podemos citar las siguientes:

Prohibición de nuevas edificaciones. Se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

Exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. La Ley excluye un total de 12 núcleos de población del domino público por ser innecesarios para la protección de la costa, dado que se trata de núcleos habitados y consolidados desde antes de 1988. Estos municipios son: Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

La reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria 1ª de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado.

Por tanto, no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados.

Chiringuitos. La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Por eso se establecerán, en el Reglamento de aplicación de la Ley, criterios razonables que compatibilicen la protección de la costa con el servicio público Se restringirán más en las playas naturales.

Urbanizaciones marítimo-terrestres. El Proyecto regula las urbanizaciones en base a dos criterios: defensa del dominio público marítimo terrestre, porque los canales navegables son dominio público. Al mismo tiempo, asegurar la propiedad privada de las viviendas (siempre lo fueron), aportando la seguridad jurídica que faltaba, supresión de la servidumbre de tránsito y estacionamientos privados, tanto individuales como colectivos.

Cambio climático y erosión/regresión de la costa. La Ley incorpora regulaciones específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra de las novedades de esta Ley.

Plazo de 75 años de concesión. Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.

Salinas y establecimiento de cultivos marinos. Lo que se hace es devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de 1988. Son actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral. Y, además, se añade una limitación muy importante: se consideran zona de servidumbre de protección. Lo que quiere decir que en esos terrenos no se van a poder construir viviendas ni hoteles.

Dominio Público Marítimo Terrestre. No se reduce con carácter general, sino que lo que la reforma pretende es evitar las ambigüedades y las aplicaciones heterogéneas, que se han producido en los deslindes. Por eso, la Ley obliga a que se establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del dominio público marítimo terrestre (mayores temporales conocidos, algo que no se modifica) e incorpora definiciones de los principales componentes del dominio público como dunas o marismas, cuyo alcance tampoco se modifica.

Viviendas ilegales. En relación con las viviendas que por sentencia judicial firme deban ser derribadas, la Administración General del Estado cumplirá con su obligación, y también apoyará a las Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos para encontrar soluciones a tales problemas.

Eventos en playas. La situación real era que determinados eventos se producían en las playas, sin autorización y con cierta permisividad. La Ley de Costas regula esta cuestión para establecer los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de las playas, garantizando su conservación y entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.

 


LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL.

El día 15 de mayo de 2013 se ha publicado en el BOE la Ley 1/2013, norma que prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.

Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.

La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. Para que un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de aplicación será necesario el cumplimiento de dos tipos de requisitos.

De un lado, los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.

Y de otro lado, en las familias que se acojan a esta suspensión, los ingresos no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este límite se eleva respecto de unidades familiares en las que algún miembro sea persona con discapacidad o dependiente o que conviva con personas con discapacidad o dependientes. Además, es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. 

 


PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Entre los días 8 y 10 de mayo de 2013 se ha celebrado, en Valencia, un curso sobre la protección civil y penal de las personas con discapacidad, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Foro Justicia y Discapacidad.

Entre los ponentes intervinieron, entre otros:

- Carlos Ganzenmüller Roig, fiscal del Tribunal Supremo y coordinador de incapacidades del Ministerio Público para toda España.

- el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde

- la magistrada del Tribunal Constitucional Encarna Roca 

Los Jueces y Magistrados asistentes al curso han alcanzado las siguientes conclusiones:

1. Los conceptos de deficiencia y discapacidad no son sinónimos. La deficiencia implica una alteración somática y/o psíquica que no necesariamente implica una discapacidad. Ésta surge cuando, en una deficiencia de larga evolución, se interponen barreras que impiden el pleno desarrollo de la persona con deficiencia.

2. La persona con enfermedad mental o trastorno psíquico no es una persona con discapacidad. Si se dan las circunstancias anteriormente citadas, puede llegar a tener una discapacidad. Hay que huir de las afirmaciones que equiparan enfermedad mental con discapacidad por no ser ciertas.

3. En España no se ingresa (interna) en unidades de agudos de psiquiatría por razón de discapacidad ni por razón de trastorno psíquico; se ingresa cuando una persona con un trastorno psíquico:

3.a. se ha descompensado psicopatológicamente,

3.b. la descompensación es grave,

3.c. requiere tratamiento y éste no puede llevarse en medio ambulatorio

3.d. la persona no es capaz de decidir por sí misma dada la ausencia de conciencia de enfermedad, la ausencia de conocimiento de causa y la alteración de su voluntad en ese momento.

4. El objetivo del ingreso en unidad de agudos de psiquiatría es el tratamiento de la descompensación psicopatológica.

5. La autorización judicial tiene por finalidad suplir la falta de consentimiento del paciente y controlar que se efectúa con la finalidad terapéutica que tiene el mismo. Dicha autorización se adecua a las exigencias de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás tratados internacionales.

6. Esta autorización se presta por el juez con la intervención del médico forense y de los facultativos que atienden al paciente.

7. Caso de que el internamiento se prolongara más allá de un plazo razonable debería ratificarse por el juez con las mismas garantías que para su adopción.

8. Si la situación se mantiene por más de seis meses, el Ministerio Fiscal debería instar el proceso sobre capacidad sin perjuicio de que, finalizado el tratamiento, se reintegre la capacidad del paciente.

9. Las figuras como el patrimonio protegido, los poderes preventivos o las voluntades médicas anticipadas son absolutamente acordes a los dictados de la Convención de Naciones Unidas por lo que sería conveniente realizar una labor de difusión pues, por desgracia, no son conocidas por la sociedad.

10. Es necesaria la comunicación del Registro Civil con los registros de la propiedad y el mercantil en aras a garantizar posibles situaciones de abusos patrimoniales, incluso mediante la inscripción preventiva de los procesos sobre modificación de la capacidad.

11. Convendría concienciar a los Jueces y Magistrados de la figura del “agente facilitador” como medio de comunicación y apoyo a la persona con discapacidad.

12. Desde el punto de vista asistencial se plantea la necesidad de concienciarnos del enorme coste económico, judicial, social y familiar de los internamientos psiquiátricos forzosos a causa de una descompensación de la enfermedad por falta de control. Paradójicamente las ayudas públicas para puestos en residencias y pisos tutelados para enfermos mentales disminuyen.


Pilar de la Oliva, Fernando de Rosa y Ricard Cabedo durante la clausura del curso

 

 

JORNADA SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Más de 20 magistrados de órganos judiciales de todos los Tribunales Superiores de Justicia y los miembros de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunieron, el día 8 de mayo de 2013 en un curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial, para debatir sobre las repercusiones de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria con especial referencia al régimen transitorio, al término del cual se elaboraron las siguientes conclusiones:

1.- Es necesario adaptar la legislación española, especialmente la de carácter procesal, al derecho europeo y a la doctrina sentada por el TJUE, para garantizar al consumidor una protección más eficaz, en los términos exigidos por la Directiva 13/93/CEE, de 5 de abril, y normativa que la desarrolla.

2.- La reforma legislativa en curso da respuesta a algunas de las cuestiones que suscita la doctrina del TJUE, lo que no exime a los jueces del deber de completar las lagunas que pudieran existir aplicando los principios generales del ordenamiento jurídico europeo y nacional.
3.- El Juez debe actuar de oficio en protección del consumidor, utilizando todos los instrumentos previstos en nuestras leyes para conseguir una solución acorde al derecho europeo y a la interpretación que del mismo hace el TJUE.

 4.- Aunque el problema de las cláusulas abusivas trasciende a todo el ordenamiento, las reflexiones o propuestas analizadas se refieren al ámbito de ejecuciones hipotecarias en contratos entre profesionales y consumidores.

5.- De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo las cláusulas abusivas nulas no vinculan a ningún efecto. El juez no puede integrar o moderar dichas cláusulas, que deben ser tenidas por no puestas.

6.- Para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual se atenderá, además de a la naturaleza de los bienes o servicios objeto de contrato y a las circunstancias que concurren en el momento de su celebración, a las demás cláusulas del contrato y a los parámetros contenidos en las normas de derecho interno en relación con situaciones similares a la que se plantea. En particular, se atenderá a los parámetros recogidos en la proposición de ley sometida hoy a la aprobación del Senado. 

7.- Con relación a los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter abusivo de determinadas cláusulas:

7.1- En cuanto a las cláusulas de fijación de intereses moratorios, habrá que valorar los distintos tipos de interés referenciados en la normativa interna, y en particular, al que se contempla en el nuevo artículo 114 LH.

7.2- En cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, el posible carácter abusivo de la cláusula en abstracto no generará por sí la nulidad de dicha cláusula sino que deberá valorarse según las circunstancias del caso. En concreto, aunque se prevea el vencimiento anticipado por un único incumplimiento, si la reclamación se interpone cuando se haya producido el incumplimiento en los términos previstos en el artículo 693 LEC según el texto de la proposición de ley, no se apreciará el carácter abusivo de la cláusula. 
7.3-En cuanto a las cláusulas de intereses remuneratorios, con carácter general se considera que dichos intereses forman parte del precio, de forma que las cláusulas no pueden declararse abusivas, debiendo limitarse el examen judicial al control de transparencia.
8.- Por lo que se refiere a los efectos de la declaración de nulidad:
8.1-En el caso de las cláusulas de intereses de demora, la nulidad comportará la expulsión de la cláusula y se considera que el principal devengará los intereses legalmente previstos, existiendo a estos efectos dos posiciones mayoritarias: la que defiende la aplicación del Código Civil (intereses del artículo 1108 CC) o la que sostiene la aplicación de la Ley Hipotecaria (interés del nuevo artículo 114 LH).
8.2-En el caso de la cláusula de vencimiento anticipado, la declaración de nulidad determinará la aplicación de la doctrina jurisprudencial en materia de resolución contractual (artículos 1124 y 1129 CC), sin que proceda despachar ejecución.
9.- El deber de los tribunales españoles consistente en el control de oficio de las cláusulas abusivas incluidas en contratos con consumidores, tiene especial relevancia en el proceso de ejecución y en el juicio monitorio. Por exigencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que acomodar los trámites procesales al efectivo control por parte del juez de los derechos del consumidor.
10.- En el procedimiento de ejecución el control de oficio debe, de entrada, ejercitarse en la fase de admisión de la demanda, siguiendo la pauta contenida en la proyectada reforma del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez, si advierte que el título ejecutivo contiene alguna cláusula abusiva, deberá ponerlo en conocimiento de las partes y darles una audiencia de cinco días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, sin necesidad de abrir ningún incidente.

El juez, si aprecia el carácter abusivo de alguna de las cláusulas, determinará las consecuencias de ello y declarará, bien la denegación de la ejecución bien el despacho de la misma sin aplicación de aquellas cláusulas que estime abusivas.

Frente al auto despachando ejecución sin aplicar la cláusula abusiva cabrá recurso de apelación, respecto de la denegación parcial del despacho de ejecución.

Lo anterior es un criterio orientativo que debe aplicarse hasta la entrada en vigor de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que prevé expresamente este control al tiempo de despachar la ejecución.

Respecto de todos los procedimientos en trámite en los que ya se ha despachado ejecución, se recomienda, incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma legal, y si se advierte que existe una posible cláusula abusiva, conceder la posibilidad de que el deudor haga valer en la fase de oposición la existencia de esta cláusula. De haber precluido el plazo para ello, se habilitará un plazo de un mes para formular oposición con ese fin. Transcurrido el plazo sin que el deudor se haya opuesto, el juez podrá apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula, oyendo al ejecutante si no se hubiera manifestado al respecto.

11.- En el proceso monitorio, sin perjuicio de las competencias del Secretario Judicial, corresponde al juez el examen del carácter abusivo de una cláusula incluida en el documento que sustente la reclamación del crédito. Este examen se realizará en la fase de admisión de la solicitud. Si el juez considera que la cláusula puede ser abusiva lo pondrá en conocimiento del solicitante, especificando la cláusula afectada y le concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. Si como consecuencia de la apreciación de la cláusula abusiva procediera la reclamación por una cantidad inferior a la inicial, se procederá conforme establece el artículo 815.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Tribunal Supremo

 



EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL OTORGA LA CONDICIÓN DE “AGENTES DE LA AUTORIDAD” A LOS PROCURADORES CUANDO INTERVENGAN EN LOS TRÁMITES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DEMÁS RESOLUCIONES JUDICIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, viernes 3 de mayo de 2013, un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los Procuradores españoles a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa.

La principal novedad de la futura ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la sentencia: el Procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.

Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los Procuradores son:

Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

Podrán realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

Se incrementan sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

Los Colegios de Procuradores podrán encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados (obligación que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia), de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial.

También podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, los Procuradores gozarán de la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

De esta forma se pretende, acertadamente, agilizar y dotar de mayor eficacia a los trámites de ejecución de sentencias, atascados actualmente en los juzgados.

 

Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy



 

LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA PIDE AL REY, AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y AL MINISTRO DE JUSTICIA LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES

El Presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE), Lutz Simon, se ha dirigido por carta al Rey de España, al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y al Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, solicitando "la derogación de la Ley de Tasas o la reducción de las cuantías fijadas hasta unos límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a la Justicia".

El representante de la Abogacía europea muestra su preocupación por la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales porque los motivos alegados para su promulgación por el Ministerio de Justicia son inconsistentes. "Ni la intención disuasoria de una litigiosidad injustificada, ni la de financiar el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita bastan para ello", asegura Lutz Simon en las cartas. La FBE considera que la Justicia es un servicio de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe ser financiada fundamentalmente con impuestos directos.

Simon denuncia que "constituye una injusticia flagrante que los ciudadanos –cuyos derechos civiles, sociales o económicos son violados- tengan además sobre sus hombros la carga de pagar la Justicia Gratuita de otros ciudadanos mediante una tasa judicial adicional de cuantía elevada".

La Federación de Colegios de Abogados de Europa fue fundada en 1992 siendo la única organización europea integrada por Colegios de Abogados y Consejos Nacionales de la Abogacía, que representa a más de 800.000 abogados europeos. Tiene su sede en Estrasburgo y es órgano consultivo oficial del Consejo de Europa.

Lutz Simon, Presidente FBE

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el BOE del día 13 de abril de 2013 se ha publicado el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Con arreglo a este Real Decreto, las viviendas en venta o alquiler con duración superior a los cuatro meses deberán contar desde el día 1 de junio, con un certificado de eficiencia energética, sin el que los propietarios podrían ser sancionados con más de 6.000 euros.

El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia catastral.

b) Indicación del procedimiento reconocido al que se refiere el artículo 4 utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética.

c) Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el momento de su construcción.

d) Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica, instalaciones térmicas y de iluminación, condiciones normales de funcionamiento y ocupación, condiciones de confort térmico, lumínico, calidad de aire interior y demás datos utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del edificio.

e) Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética.

f) Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de este, a menos que no exista ningún potencial razonable para una mejora de esa índole en comparación con los requisitos de eficiencia energética vigentes.

g) Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el técnico competente durante la fase de calificación energética.

h) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas.

 



LA JUNTA DE ANDALUCÍA HA APROBADO UN INNOVADOR DECRETO-LEY QUE LE PERMITIRÁ EXPROPIAR EL USO DE VIVIENDAS PARA EVITAR SU DESAHUCIO.
En el BOJA de 11 de abril de 2013 se publica el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios. 
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan los siguientes: que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.
El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

Además, este Decreto-Ley prevé diversos instrumentos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas. A estos efectos, el artículo 25 de dicho Decreto-Ley dispone, en su apartado 2º, que “se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación. A estos efectos, se entenderá como último día de efectiva habitación el que ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se han otorgado, desde la notificación de su otorgamiento. en caso de que las autorizaciones legales hayan sido solicitadas pero aún no se hayan concedido, se descontará el plazo de otorgamiento de aquéllas. Lo anterior, sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones”.

Y añade, en su apartado 3º, que “se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y por año. Dichos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en defecto de información más específica, podrá considerarse como deshabitada aquella vivienda en la cual los consumos de agua y electricidad sean inferiores a los establecidos en el Anexo de esta Ley, que podrá ser modificado reglamentariamente”.

Ello no obstante, el referido Decreto-Ley excluye de su ámbito de aplicación (artículo 25.4):

a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación.

b) Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo.

c) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas, sea ésta de verano o cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio, y tengan, al menos, una ocupación no inferior a treinta días en un año”.

La actividad de fomento susceptible de ofrecerse a las personas propietarias de viviendas deshabitadas, a través de los planes de vivienda o de los programas de fomento aprobados por la consejería competente en materia de vivienda, podrá consistir, según el artículo 43 del Decreto-Ley, en las siguientes actuaciones:

a) Las medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupación.

b) el aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas.

c) Las medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.

d) Las subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias.


ELENA CORTÉS, Consejera Andaluza de Vivienda



 

EL BOE DEL SÁBADO 30 DE MARZO DE 2013 PUBLICA LA ORDEN HAP/490/2013, DE 27 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA HAP/2661/2013, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 696 DE AUTOLIQUIDACIÓN Y EL MODELO 695 DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, DE LA TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL.

El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, introduce modificaciones en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que obligan a su vez a modificar la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

De esta forma, la HAP/490/2013 aprueba los nuevos modelos 695 y 696 para que las personas físicas puedan liquidar las tasas resultantes de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 3/2013.

 

 


EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, D. José Ignacio Wert, ha aprobado, en su reunión celebrada el día 8 de marzo de 2013, la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y de Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.

El texto legislativo representa un nuevo marco jurídico integral para la acción del Estado en la protección de la salud de los deportistas y considera al fenómeno del dopaje como un componente más dentro de esta materia.

El proyecto de Ley recoge una serie de medidas encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a la práctica deportiva con actuaciones en el ámbito de la prevención, de la cooperación entre las diversas administraciones públicas y agentes privados, así como en el campo de la prevención, represión, e investigación en la lucha contra el dopaje.

Un nuevo modelo de protección de la salud en el deporte

El nuevo modelo contempla el establecimiento de un Plan de Apoyo a la Salud en el ámbito de la actividad deportiva que determinará los riesgos comunes y específicos para la salud de los deportistas, según los casos y establecerá las medidas de prevención, conservación y recuperación que puedan resultar necesarias, en función de los riesgos detectados. Para ello:

- Se pone en marcha un sistema de reconocimientos médicos que será más intenso cuanto más exigente sea la actividad física a realizar.

- Los establecimientos relacionados con la práctica deportiva tendrán la obligación de disponer de medios de lucha contra las enfermedades cardiorrespiratorias agudas.

- Se habilita un sistema de tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel o de carácter profesional.

- Se establecen nuevas medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva.

- Asimismo, el proyecto de Ley establece un sistema reforzado de investigación especializada en aspectos médicos puramente preventivos, particularmente en materias tan sensibles como, por ejemplo. la muerte súbita.
La nueva Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que sustituirá a la actual Agencia Estatal Antidopaje, será el organismo público independiente encargado de la protección de la salud de los deportistas, con competencias en materia de prevención, represión e investigación. La nueva agencia asumirá los trabajos de planificación y realización de los controles antidopaje y la tramitación de los procedimientos sancionadores nacionales.

El sistema contenido en el texto trata de adaptar la legislación española a las formulas de represión del dopaje que se contienen en el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial. Esta adaptación tiene lugar con pleno respeto a los derechos fundamentales de los implicados en el sistema.

Entre otras novedades, el proyecto de ley facilita la colaboración entre las autoridades penales y las administrativas acogiendo la posibilidad de pedir las pruebas al juez, quien, sin tener obligación de darlas, sí deberá responder de forma motivada y respetar el principio de proporcionalidad.

Además, el texto contempla un endurecimiento de las sanciones al entorno del deportista (que podrán alcanzar los 400.000 euros) así como la posibilidad de realizar controles antidopaje entre las 23:00 y las 6:00 horas en casos excepcionales que deberán estar motivados y explicados al deportista. El consumo de sustancias y métodos dopantes no constituirá delito para el deportista.
El Tribunal de Arbitraje en el Deporte sustituirá al actual Comité Español de Disciplina Deportiva y tendrá una sección especializada en dopaje. Sus sentencias no podrán ser recurridas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero solo afectará a deportistas y competiciones nacionales.



 

RUIZ GALLARDÓN PRESENTA LOS PROYECTOS DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Con fecha 25 de febrero de 2013, el Ministro de Justicia ha procedido a la recepción y presentación de los textos elaborados por las Comisiones institucionales creadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, para la elaboración de propuestas de textos articulados de Ley Orgánica del Poder Judicial y de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (que pasaría a denominarse Código Procesal Penal).

La propuesta del Código Procesal Penal otorga la dirección de la investigación al Fiscal bajo la tutela de un juez de garantías. El Fiscal dispondrá de seis meses para efectuar las diligencias de investigación, aunque éstas se podrán prolongar hasta un máximo de 36 meses en causas especialmente complejas, como las concernientes a grupos organizados.

El secreto de la investigación se fija en un plazo máximo de seis meses o de doce cuando se dirija contra grupos organizados.

El juez podrá autorizar escuchas telefónicas durante un tiempo que no supere el año cuando los hechos punibles se produzcan en el seno de una red criminal, se cometan a través de instrumentos informáticos o en delitos dolosos castigados con una pena con un límite máximo de, al menos, tres años de cárcel.

El nuevo modelo procesal penal permite pactos de conformidad entre el Fiscal y las partes en cualquier momento del proceso y en todo tipo de delitos, con independencia de la pena que lleven aparejada.

Además, en un momento en el que abundan los casos de corrupción, el borrador contempla la posibilidad de que el tribunal acuerde la inhabilitación cautelar de los servidores públicos inmersos en causas penales, siempre que exista "un peligro concreto de reiteración delictiva" durante la tramitación del procedimiento y siempre sopesando las obligaciones inherentes a su función.

La propuesta excluye del ejercicio de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo, y además se limita a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo. Así, la acusación popular se acota a la persecución de delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos. También podrá ejercitarse ante delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, delitos electorales, terrorismo o provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones o la difusión de información injuriosa sobre estos grupos. Entre los nuevos requisitos, se introduce la previsión de que la acción popular sólo pueda ser admitida si presenta su querella "con anterioridad a la formulación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal".

Otros aspectos novedosos descansan en la competencia del jurado popular, de forma que solo examine la comisión de asesinatos y homicidios dolosos y se excluyan los atribuibles a personas que gocen de la condición de aforado.

Y, por último, se sustituye el término "encausado" por el del “imputado”, para eliminar su carga peyorativa.

Estas son algunas de las medidas más significativas que figuran entre los 707 artículos del texto llamado a sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y con más de 60 modificaciones parciales en su articulado.                           

RUIZ GALLARDÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN



 

EL MINISTERIO DE JUSTICIA REDUCE LAS TASAS JUDICIALES

El BOE del sábado, 23 de febrero de 2013, publica el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Las principales modificaciones son las siguientes:

REDUCCIÓN DE LA CUOTA VARIABLE. Se rebaja de un 0,50% a un 0,10% la cuota variable que debían abonar las personas físicas en función de la cuantía de la pretensión de su demanda (hasta ahora ese variable era de 0,50% hasta 1.000.000€ y de 0,25% a partir de esa cifra).

Además, si el límite máximo de pago por la cuota variable estaba fijada en 10.000€, ahora desciende a 2.000€.

La rebaja será de aplicación, tanto en primera como en segunda instancia y se extenderá también al orden social, donde la primera instancia para trabajadores y autónomos ya era gratuita y en la segunda, este colectivo contaba con una exención del 60 por 100.

EXCLUSIÓN DE LAS TASAS DE LAS COSTAS EN DETERMINADAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS. En las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto la vivienda habitual del ejecutado y en aquellos procedimientos en los que se actúe contra los avalistas, la entidad ejecutante no podrá incluir las tasas en las costas a cargo de los demandados.

Los procedimientos abiertos por incumplimientos de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo también quedarán fuera del cobro de tasas.

PROCESOS DE FAMILIA. Con la reforma, quedan exentos los que se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra. En los demás casos sólo se reconocerá la exención cuando las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos menores. Los procesos matrimoniales no exentos del abono de la tasa se considerarán como procedimientos de cuantía indeterminada a efectos de la determinación de la base imponible, de forma que el importe variable será de 18 euros.

ORDEN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO. Cuando los recursos contenciosos-administrativos tengan por objeto impugnar resoluciones sancionadoras pecuniarias, el importe de la tasa no podrá exceder del 50% del importe de la multa.

Además, se equipara a los funcionarios públicos con los trabajadores, de forma que, cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios, seguirán sin pagar tasas en primera instancia y tendrán una exención del 60 por 100 en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.

RUIZ GALLARDÓN, Ministro de Justicia

 

LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBEN PERMITIR LA SUBSANACIÓN DE LA OMISIÓN DEL PAGO DE LAS TASAS JUDICIALES.

Mediante Sentencia nº. 45/2013, dictada el día 11 de febrero de 2013, en el recurso de casación nº. 1293/2010, la Sala Primera del Tribunal Supremo señala que, aplicando la doctrina del TC y de la propia Sala Primera, ampliamente favorable a la posibilidad de subsanación de la falta de constitución del depósito, el incumplimiento u omisión de la tasa debe estar sujeto a idéntica posibilidad subsanatoria.

Ello supone que es posible subsanar no solo cuando no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución de la exigencia en plazo, sino también en los supuestos en los que no se haya efectuado aún la constitución del depósito o se hubiera realizado fuera del plazo legalmente establecido.
Esta sentencia se refiere, no obstante, a la antigua tasa regulada en el artículo 35 de la Ley 53/2002 (hoy derogada), por lo que no sabemos si se mantendrá idéntica doctrina en la aplicación de la nueva tasa de la Ley 10/2012, modificada por el RDL 3/2013.

Por su interés, transcribimos los fundamentos jurídicos de dicha sentencia:

“PRIMERO.- …. La Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3ª) desestimó el recurso sin llegar a conocer sobre el fondo, pues entendió que se imponía el dictado de una sentencia desestimatoria ante la falta de cumplimiento por la parte recurrente de la obligación de pago de la tasa establecida en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En concreto viene a decir la sentencia de apelación que "la parte no acredita el cumplimiento del requisito examinado, puesto que no ha presentado el documento de autoliquidación correspondiente, lo cual constituía causa de inadmisión del recurso, que se convierte en el actual trance en causa de desestimación", por lo que "la sentencia de instancia adquiere la firmeza derivada de la ausencia de recurso formalizado en los términos previstos legalmente", a lo que añade que "la Sala no podría, salvo quebrantando del principio de legalidad procesal y del de igualdad procesal, dar ocasión a la subsanación de una omisión que sólo lo pudo ser, en todo caso, ante el Juzgado a quo en el plazo a que se refiere el apartado 7 del artículo 35".

SEGUNDO.- No obstante, la conclusión obtenida por la Audiencia no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 35.Siete.2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y el exigido respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución Española), así como a la doctrina de esta Sala sobre el cumplimiento y acreditación de la concurrencia de los requisitos formales propios de los recursos.

El artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "el Tribunal y el Secretario Judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes" y el artículo 35.Siete.2 de la Ley 53/2002, establece que "el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el secretario judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuera subsanada en un plazo de diez días".

Esta última previsión comporta lógicamente la necesidad de que, incumplido el requisito, se requiera a la parte para que cumpla con lo previsto en la ley y únicamente en el caso de que no lo haga en el plazo concedido al efecto -diez días- se producirá como efecto la inadmisión. Si tal requerimiento no se produjo y se admitió a trámite el recurso, sin poner de manifiesto la omisión, nada había de subsanar la parte recurrente que contaba con una resolución por la que se admitía a trámite su impugnación. Ante ello, la Audiencia bien pudo hacer por sí el requerimiento a la parte o instar al Juzgado a que lo hiciera, dejando en suspenso la tramitación, pero lo que no resulta respetuoso con la normativa señalada es -sin requerimiento alguno de subsanación- convertir el defecto en una causa de desestimación del recurso de apelación.

TERCERO.- El Tribunal Constitucional (por todas, la sentencia TC Sala Primera núm. 180, 2012, de 15 octubre) ha sentado una doctrina ampliamente favorable a la posibilidad de subsanación de la falta de constitución del depósito; doctrina que igualmente ha de ser aplicada a la exigencia de pago de la tasa. Esta Sala, también en relación con los supuestos de omisión de la obligación de constitución de depósito, ha declarado que la amplitud de las expresiones utilizadas por la ley -«defecto, omisión o error»- lleva a concluir que es posible la subsanación no solo en los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito verificado en plazo, sino también en los supuestos en los que no se haya efectuado aún la constitución del depósito o se hubiera realizado fuera del plazo legalmente establecido para ello, siempre que -lógicamente- se ponga de manifiesto a la parte el defecto observado (AATS 1ª, 2 de noviembre de 2010 -Rec. Queja 230/10-; 30 de noviembre de 2010 -Rec. Queja 297/10-; 9 de diciembre de 2010 -Rec. Queja 381/10-; así como sentencias de 27 de junio de 2011, Rec. 1319/2010; 12 de noviembre de 2012, Rec. 618/10, y 18 de diciembre de 2012, Rec. 1248/10)”.

 



LA DEFENSORA DEL PUEBLO HA DECIDIDO NO RECURRIR LA LEY DE TASAS

En una nota de prensa hecha pública el miércoles, 20 de febrero de 2013, Dª. Soledad Becerril afirma que, "a la vista de la respuesta del Ministro de Justicia a las recomendaciones formuladas por la Institución, la Defensora del Pueblo ha decidido no interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado".

Esta decisión responde a las reformas anunciadas por el Ministro de Justicia a la Ley de Tasas, para dar respuesta a las recomendaciones de la Defensora.

Los principales contenidos de dichas reformas serán:

1) Reducir en un 80 % las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo (están exentos los órdenes penal y social). Pasarán del 0,50 % del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 % del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.

2) Reducir en un 80 % las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos civil, contencioso-administrativo y social. Pasarán del 0,50 % del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 % del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.

3) Eliminar por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado mes de enero. Se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato.

4) Eliminar por completo la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas.

5) Eliminar por completo las tasas en la ejecución de laudos arbitrales de consumo.

6) En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas.

7) Devolver a los nuevos beneficiarios de Justicia Gratuita las tasas pagadas desde el pasado 17 de diciembre hasta la inminente entrada en vigor de la reforma legal anunciada.

Además, el Gobierno se compromete a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica, en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo

 

 

EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA RECURRE LA HAP/2662,/2012, QUE APRUEBA EL MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES

Con fecha 12 de febrero de 2013, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha presentado un recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, contra la orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 696 de autoliquidación de las tasas judiciales y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, sumándose al ya presentado, el día 28 de enero de 2013, por el Consejo General de la Abogacía.

En la demanda se reclama la nulidad de dicha Orden por entender que se han infringido los trámites esenciales en la elaboración de los reglamentos, al faltar los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, la audiencia a las entidades representativas de las profesiones afectadas (Consejo General de la Abogacía, Colegios de Abogados y Consejo General de Procuradores).

También se solicita la nulidad por existir un error en la determinación del hecho imponible en el orden contencioso- administrativo, por la desigualdad y falta de seguridad jurídica en los plazos a aplicar en el trámite de subsanación por la falta de incorporación del modelo de autoliquidación, por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en supuestos de derecho de asistencia jurídica gratuita, y por las irregularidades en el régimen de bonificaciones y devoluciones establecido y su entrada en vigor. 

MARIANO DURÁN LALAGUNA, Decano ICAV


INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada por el Real Decreto Legislativao 8/2004, el miércoles, 30 de enero de 2013, se ha publicado en el BOE la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 21 de enero de 2013, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicación durante 2013 para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

 



INDEMNIZACIONES POR LESIONES, MUTILACIONES Y DEFORMIDADES DE CARÁCTER DEFINITIVO Y NO INVALIDANTES EN EL ÁMBITO LABORAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 LGSS, el miércoles, 30 de enero de 2013, se ha publicado en el BOE la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes, sufridas en el ámbito laboral.

Esta Orden entra en vigor el día 31 de enero de 2013, pero tiene efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2013, y en ella se actualizan las indemnizaciones un 19,7%, conforme a la evolución del IPC desde diciembre de 2004 hasta diciembre de 2011.

Curiosamente, la nariz es el órgano que más se valora, con una indemnización de 7.940,00 euros por su pérdida, seguida del pene (6.380,00€), la glándula pancreática (4.540,00€), un riñón (4.260,00€), un testículo (2.840,00€), la pérdida anatómica o funcional de un ovario (2.840,00€), una mama de la mujer (2.560,00€), un brazo (2.420,00€), etc.



 

LA ABOGACÍA RECURRE LA HAP/2662,/2012, QUE APRUEBA EL MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES, Y PIDE A LA AUDIENCIA NACIONAL QUE PLANTEE CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE TASAS.

Con fecha 28 de enero de 2013, el Consejo General de la Abogacía ha presentado un recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, contra la orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 696 de autoliquidación de las tasas judiciales y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.

El escrito de la Abogacía Española solicita la nulidad de la Orden porque en su tramitación “se ha omitido el trámite preceptivo de audiencia al Consejo de Estado”, así como la intervención del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros y el reglamentario dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Ley de Tasas establece en su disposición final sexta que el “Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas reguladas en esta Ley”. El incumplimiento de este requisito es motivo suficiente para pedir la nulidad radical de esta Orden, ya que esta norma “disciplina la actividad de los sujetos pasivos del tributo, imponiendo un régimen de cargas y obligaciones que parece exceder de las posibilidades de la Orden Ministerial”.

Además, la normativa vigente establece que una orden ministerial habrá de ser sometida al dictamen del Consejo de Estado –previo a su aprobación- si las determinaciones que contenga se engarzan directamente con la Ley (en este caso de Tasas) que le sirve de cabecera. También es preceptivo el informe del CGPJ, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que este organismo deberá informar las disposiciones generales que afecten total o parcialmente a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otro que afecten al funcionamiento, organización y gobierno de los juzgados y tribunales. La omisión de este informe es determinante de la nulidad de la Orden recurrida.

Además, la Abogacía pide a la Audiencia Nacional que plantee cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas.

La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que “son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.

El cambio más sustancial de la nueva Ley de Tasas con respecto a sus precedentes radica en la incorporación al ámbito subjetivo de este tributo de los “ciudadanos”, que hasta ahora estaban exentos y sólo se aplicaba a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación. Además, el criterio de capacidad económica para hacer frente a las tasas no se encuentra suficientemente garantizado con la simple remisión a la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

La elevada cuantía fijada en estas tasas hace que acceder a la jurisdicción sea “ya una quimera para un muy significativo número de españoles y extranjeros”. En el análisis de la norma legal derogada, el TC siempre partió de su exclusiva aplicación a “personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al Impuesto de Sociedades y con una facturación anual elevada”. Aplicarlo a ciudadanos o personas jurídicas sin ánimo de lucro hace incurrir la Ley de Tasas en vicio de inconstitucionalidad.

En el ámbito objetivo de aplicación de las tasas, su extensión a la jurisdicción contencioso-administrativa hace que en la práctica esté vedado “el control judicial del poder público o de la actividad administrativa en asuntos de escasa cuantía”, de menos de 600 euros. De hecho, la completa potestad sancionadora de las Administraciones Públicas no va a ser sometida a contraste de legalidad alguno ante los órganos judiciales.

Respecto al enorme incremento de las cuotas de las tasas, el escrito de la Abogacía demuestra que su efecto disuasorio determina “una inexorable imposibilidad de acceso a la jurisdicción y un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva”.

CARLOS CARNIER, PRESIDENTE DEL CGAE



 

AVALANCHA LEGISLATIVA EN EL DÍA DE LOS INOCENTES

El BOE del día 28 de diciembre de 2012 nos ha dejado un reguero interminable de disposiciones con medidas anunciadas a bombo y platillo desde hace tiempo:

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013

Modificación del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social

Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

Ley de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De especial importancia resulta esta última, que deja para casos excepcionales la actuación de los jueces suplentes, reduce de 18 a 12 los días de permiso de los magistrados e impone funciones de sustitución a los 'jueces en prácticas'.


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS





EL BOE DEL SÁBADO 15/12/2012 PUBLICA LA ORDEN HAP/2662/2012, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN EL MODELO 696 DE AUTOLIQUIDACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES Y EL MODELO 695 DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL LITIGIO Y POR ACUMULACIÓN DE PROCESOS.

En desarrollo de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan las tasas judiciales, el Ministerio de Hacienda ha aprobado la Orden 2662/2012, por la que se aprueba el modelo 696, con el que se podrán autoliquidar dichas tasas, y el modelo 695, con el que se podrá solicitar la devolución de las tasas en los supuestos de solución extrajudicial de litigio (se devolverá el 60% de la tasa) y de acumulación de procesos (se devolverá el 20%).

Hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo de la tasa anterior, la desaparición del papel preimpreso.

En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.

En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución también podrán presentarse en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente para cada uno de los modelos aprobados que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.



 

ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES

El día 21 de noviembre de 2012 se publicó en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, cuya entrada en vigor se produjo un días después de dicha publicación.

Las novedades de la Ley son las siguientes:

1. En los ámbitos civil y contencioso- administrativo se generaliza la obligación de pagar tasas judiciales, de forma que, si hasta ahora sólo pagaban las personas jurídicas que no fueran consideradas de “reducida dimensión”, a partir de ahora, todas las personas, tanto jurídicas (con independencia de su facturación) como físicas, deberán pagar tasas judiciales. Tan sólo se librarán del pago de tasas:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.

c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

La Ley 10/2012 también establece unas exenciones objetivas, de forma que no se pagarán tasas en los siguientes supuestos:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

2. En el orden social, se establece por primera vez la obligación de pagar tasas judiciales, aunque solamente cuando se recurra en suplicación o casación, si bien los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa.

3. En el ámbito penal se mantiene la exención que ya preveía la legislación anterior.

Por otro lado, y por lo que a la cuantía de las tasas se refiere, se duplica prácticamente el importe de las cuantías fijas previstas en la legislación anterior y se mantiene el porcentaje aplicable sobre la cuantía del procedimiento (0,5% hasta 1.000.000€ y 0,25% a partir de este límite).


Ruiz- Gallardón explica la Ley de Tasas





EL GOBIERNO PARALIZA LOS DESAHUCIOS DE LAS FAMILIAS “ESPECIALMENTE VULNERABLES”

El día 16 de noviembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto- Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, en el que se regulan dos medidas “para garantizar que ningún ciudadano sea conducido a una situación de exclusión social”. Estas dos medidas son:

1ª. La suspensión durante 2 años, a contar desde la entrada en vigor de dicha norma, de los lanzamientos sobre viviendas habituales de las siguientes unidades familiares:

a) Familia numerosa (según la Ley 40/2003, de protección de las familias numerosas, se entiende por tal, aquélla integrada por los dos ascendientes y tres o más hijos, o por uno sólo de los ascendientes y dos o más hijos). 

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

Además, en estas familias deben concurrir las siguientes circunstancias económicas:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere los 1.597,00 euros mensuales.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

2ª. La constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer el acceso a contratos de arrendamientos con rentas asumibles (en función de los ingresos que perciban) a aquéllas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias anteriormente señaladas.



 

LA ABOGACÍA EXIGE LA INMEDIATA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DE TASAS JUDICIALES

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, reunida el día 8 de noviembre de 2012 en sesión extraordinaria, ha acordado por unanimidad exigir “la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas Judiciales, que consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”. Esta medida se ha adoptado por “la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación con gravísimas afecciones al Estado de Derecho”.

La Abogacía pide que el “Ministerio de Justicia aglutine a todos para superar el lamentable estado de la Administración de Justicia”, por lo que defiende un Ministerio de Justicia que “aúne voluntades y no las separe, que oiga y que escuche” a todos los operadores jurídicos.

La Comisión Permanente de la Abogacía también ha aprobado la convocatoria por los Colegios de Abogados de concentraciones de protesta en toda España ante las sedes judiciales el próximo lunes 12 de noviembre a las 12 de la mañana.

Además, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía aprobó por unanimidad el siguiente manifiesto: “La Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio análisis efectuado por quienes la conocen en profundidad, en el día a día de los tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz de España, dejando ya de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia.

La hora de las grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces, expertas e imaginativas, que traigan soluciones eficientes y eficaces.

Para ello necesitamos que el Ministerio de Justicia se mueva en esa línea y que aúne voluntades y no las separe; un Ministerio que oiga y escuche; un Ministerio que aglutine a todos en esta labor de empuje para superar el lamentable estado de la Administración de Justicia.

Para ello, la Abogacía propone:

1. La concertación y firma de un generoso Pacto de Estado para cuya redacción deberán ser oídos los colectivos profesionales que, a diario, actuamos y padecemos la precaria situación: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y usuarios.

2. Potenciar la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.

3. La participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos en la confección de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.

4. Ante la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación, con gravísimas afecciones al Estado de Derecho, debe procederse a la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas, que consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos.

5. Retirada inmediata del borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

6. Actualización de la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas, que son objeto de constantes reducciones porcentuales completamente injustas e indignas.

7. Dotaciones adecuadas para el buen funcionamiento tanto de la mediación como del arbitraje como formas de solución de conflictos, reduciendo así el colapso judicial.

8. Potenciar y dotar adecuadamente los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes para superar el cúmulo de imprevisiones, errores y omisiones, abusos o fraudes que han venido sucediendo en materia tan sensible para los derechos fundamentales.

9. Acabar de una vez por todas con las deficiencias organizativas, con la sobrecarga de trabajo en Juzgados y Tribunales y con las extraordinarias dificultades para la conciliación de la vida profesional y familiar de todos los que intervenimos en la Administración de Justicia.

10. Mejorar permanentemente el servicio a los justiciables con aplicación de la carta de los derechos de los ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los Partidos políticos del arco parlamentario el día 16 de abril de 2002”.

 

 

 

 

LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE A NOTARIOS Y REGISTRADORES QUE DEVUELVAN MÁS DE 400 MILLONES DE EUROS COBRADOS INDEBIDAMENTE POR LAS CANCELACIONES DE HIPOTECAS

Tras su estudio, llevado a cabo en septiembre de 2011 en el que se detectaban cobros excesivos en el 92% de las facturas analizadas, la OCU presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigara  la conducta irregular de notarios y registradores y para que, en su caso, se devolvieran a todos los clientes los importes cobrados de más en las cancelaciones de hipotecas.

Simultáneamente y debido a la gravedad de los hechos denunciados por la OCU, en noviembre de 2011 el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó un Real Decreto (RD 1612/2011 de 14 de noviembre) que modificaba los aranceles de notarios y registradores para la cancelación de hipotecas. Este Real Decreto pretendía aclarar, de una vez por todas, una rebaja en los aranceles aprobada en 2007 (Ley 41/2007 de 7 de diciembre), pero los Consejos de Notarios y Registradores intentaron impedir la aplicación de la rebaja arancelaria recurriendo este Real Decreto ante el Tribunal Supremo.

El día 10 de octubre de 2012, el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando las pretensiones de notarios y registradores y ratifica la interpretación que la OCU y otros Tribunales Superiores de Justicia venían haciendo de la Ley 41/2007.

Hay que recordar que desde el cambio normativo de 2007 y hasta mayo de 2012, fecha en la que el  actual Gobierno volvió a subir dichos aranceles, el notario tenía que cobrar una cuantía fija de 30,05 €, fuese cual fuese el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU era de 260 euros.

En cuanto al registrador, este debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a cero cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%. El resultado son 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 euros y no de 144 euros, como comprobó en su día la OCU.

En cumplimiento de dicha sentencia, la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo exige ahora a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a todos los notarios y registradores de España exigiéndoles que devuelvan lo cobrado de más a cientos de miles de clientes cuando cancelaron sus hipotecas.

La Fiscalía había suspendido las diligencias incoadas a instancias de la OCU, mientras el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores. Una vez conocida la sentencia del TS, dictada el día 10 de octubre del 2012, la Fiscalía ha reabierto el caso y ha concluido dando la razón a la OCU.

En su escrito, la Fiscalía toma esta decisión “para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Constitución Española”, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

A juicio de la OCU, los notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar ni un minuto más la devolución de todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores. En su momento, el colectivo de notarios y registradores declaró que quedaba a la espera de que la Justicia determinara la aplicación de los aranceles que debían cobrar al consumidor. Pues bien, ese momento ha llegado y ahora  la Fiscalía no hace sino recordarles la obligación que tienen de devolver las cantidades cobradas de más.

Solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros al año. 

Hay que recordar que según los datos del INE, entre diciembre de 2007 y mayo de 2012, se han cancelado más de 1.600.000 hipotecas sobre viviendas.

 

Sede del Tribunal Supremo

 

 



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENTIENDE QUE LA LEY DE MATRIMONIO HOMOSEXUAL NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Con fecha 6 de noviembre de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad nº. 6864-2005, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, con el siguiente fallo: “Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio”.

En la deliberación del Pleno del TC se ha argumentado que es necesario hacer una interpretación evolutiva de la Constitución, en referencia al artículo 32 de la Constitución Española, que establece que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", uno de los que el PP consideraba vulnerado para recurrir la norma. El tribunal recuerda en sus argumentaciones que la Constitución se redactó en 1978 y la sociedad española ha evolucionado desde entonces y también el concepto de matrimonio. Los magistrados sostienen que el texto constitucional debe dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual y, para realizar esa lectura, acuden al derecho comparado, al derecho internacional de los derechos humanos y a la doctrina jurídica.

Sobre la adopción por parte de parejas homosexuales, el Constitucional establece que se debe preservar el interés del menor, con independencia de si es adoptado por personas del mismo sexo o de distinto, y consideran que ese interés queda garantizado por la ley del matrimonio homosexual en cada caso concreto.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que el Gobierno acata el fallo y no se modificará la normativa vigente.


Los Magistrados del Tribunal Constitucional

 

 

LOS ABOGADOS PROTESTAN EN TODA ESPAÑA CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES Y LOS RECORTES EN JUSTICIA GRATUITA PROPUESTOS POR GALLARDÓN

Miles de abogados en toda España han secundado la convocatoria de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) para realizar concentraciones de rechazo a la inminente aprobación del proyecto de Tasas Judiciales y contra los recortes en materia de Justicia Gratuita.

Los actos se han desarrollado en colaboración con los Colegios de Abogados de toda España y han contado con la participación de letrados jóvenes, que de esta manera, expresan su rechazo a las próximas reformas legislativas.

Los actos de protesta han coincidido con la aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del informe del proyecto de ley de Tasas Judiciales, trámite previo a su remisión al Senado.

El presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, asistió a la concentración ante los juzgados de Zaragoza –en la que participaron cerca de 350 abogados- para respaldar las protestas de los jóvenes letrados.

Durante la concentración en Zaragoza, Carnicer ha recordado que ya existen tasas establecidas para las empresas y ha asegurado que la reforma legislativa en curso “establece tasas para las personas físicas, para los ciudadanos de a pie”. “A partir de ahora, si estas tasas se aprueban, la Justicia será inalcanzable para un sector amplísimo de la sociedad española”.

Carnicer ha lamentado que el Estado de Derecho quede “gravemente herido” ya que se basa en el derecho fundamental de libre acceso a la Justicia y por eso figura en el artículo 119 de la Constitución, que establece “la Justicia Gratuita para que los más pobres puedan acceder”. Ha criticado que “estamos recorriendo el camino contrario porque se ha favorecido el acceso de los ciudadanos a la justicia y, ahora, se establece un mecanismo disuasorio para que el ciudadano no venga a cargar el juzgado”.

Aunque la reforma legislativa recoge la Justicia Gratuita, Carnicer ha puntualizado que “se mantiene para personas con recursos muy bajos, pero hay una gran clase media de profesionales, empresarios y pymes que verán obstaculizado y, en otros casos, totalmente prohibido acceder a la justicia”.

En concreto, las iniciativas que se están llevando a cabo son las siguientes:

                  - Participación activa de los abogados jóvenes en la concentración ante las sedes judiciales del día 31 de octubre de 2012, bajo el lema JUSTICIA PARA TOD@S: NO A LAS TASAS JUDICIALES. NO A LOS RECORTES EN JUSTICIA GRATUITA.

                  - Difusión masiva por los abogados jóvenes, a lo largo de los próximos días y semanas, del tríptico elaborado por la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos de CEAJ sobre NO A LAS TASAS JUDICIALES.

                  - Envío masivo por cada abogado joven, en los próximos días y semanas, de cartas al Ministro de Justicia en rechazo a las reformas previstas en justicia y que afectan a derechos fundamentales.

 

El presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer (en el centro), el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado y la presidenta de la Asociación de Abogados Jóvenes de Zaragoza, Clara Isiegas.

       


CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS CELEBRADAS EN TOLEDO POR LOS PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES DE ESPAÑA.

El día 24 de octubre de 2012, al finalizar las Jornadas celebradas en Toledo, los Presidentes de las Audiencias Provinciales de España han hecho públicas las conclusiones que han alcanzado:

1.- Dada la insuficiente regulación de las funciones de los Presidentes de las Audiencias Provinciales en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, los Presidentes solicitamos que se introduzca en la Ley Orgánica un capítulo específico que concrete e individualice las funciones gubernativas de los Presidentes de las Audiencias.

2.- Solicitamos que la Ley Orgánica regule las reuniones o plenillos entre magistrados de las Audiencias, necesarios para conseguir unificación de criterios. Así como la creación de juntas de jueces sectoriales de ámbito provincial, tanto para los juzgados con competencia en materia civil como penal, convocadas y presididas por el Presidente de la Audiencia.

3.- Los Presidentes de las Audiencias Provinciales mostramos nuestra disconformidad con las diversas iniciativas legislativas que tienden a debilitar al estatuto de los Jueces o al gobierno del Poder Judicial intentando restarle su papel constitucional. Consideramos prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia.

4.- Los presidentes de las Audiencias exigimos afrontar reformas organizativas y tecnológicas en aras a la agilización y modernización de la Justicia, al margen de nuestro estatuto orgánico.

5.- Interesamos que los órganos de gobierno del Poder Judicial tengan autonomía presupuestaria que permita un adecuado funcionamiento de los diferentes órganos judiciales.

6.- Los Presidentes de la Audiencias Provinciales consideran que el funcionamiento de las oficinas judiciales no puede quedar al margen de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Es necesario tener posibilidad de una acción gubernativa cuando surjan disfunciones en la Oficina Judicial.

7.- Los Presidentes de las Audiencias Provinciales consideramos que debe adecuarse la planta judicial a la carga de trabajo. Ante las reformas legislativas mostramos nuestro malestar porque las modificaciones que se proponen en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica al sistema de sustituciones puedan provocar un aumento de las cargas de trabajo, que ya son inasumibles a día de hoy.

8.- La reforma legislativa en materia de tasas judiciales no puede afectar a la tutela judicial efectiva.

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

 



RUIZ- GALLARDÓN PROPONE AUMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA JUSTICIA GRATUITA

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado el día 22 de octubre de 2012, que propondrá a las Comunidades Autónomas elevar el umbral para acceder a la Justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como hasta ahora. La modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permitirá que pasen a ser titulares de este derecho los que cobren menos de 15.975 euros cuando hasta ahora sólo lo eran los que percibían hasta 14.910.

Quedarán exentos del pago de tasas los procesos penales (que representan el 72,4% de los asuntos que entraron en los juzgados en 2011) y la primera instancia en el orden social, así como los procesos de capacidad, filiación y menores, y los de protección de los derechos fundamentales, así como los beneficiarios de Justicia gratuita.

A través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular también quedarán exentos del pago de tasas los juicios monitorios (para el cobro de facturas) cuando el asunto no supere los 2.000 euros. El objetivo es agilizar la reclamación de deudas vencidas y documentadas. En los casos en los que exista un título ejecutivo extrajudicial tendrá que seguir acudiéndose al procedimiento ejecutivo.

El Proyecto de Ley prevé tres bonificaciones en el pago de tasas: de un 60% de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial del pleito; de un 20% cuando se acumulen procedimientos, y de un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados.

En su intervención, el ministro recordó que el pago de tasas es regla general en los países de nuestro entorno (en todos, excepto Luxemburgo y Francia – este último, aunque no cuenta con tasas, sí tiene implantado un sistema de depósitos-) y que la cuantía prevista en España queda muy por debajo del coste que tiene un pleito para la administración (unos 1.400 euros). Añadió que en un pleito hay otros gastos que afrontar que resultan tanto o más disuasorios de lo que pudieran ser las tasas.

Con la modificación de la ley, las tasas en España supondrán un 10% del presupuesto total de la Justicia (contando lo aportado por el Ministerio, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial), mientras que la media en los demás países europeos asciende al 29,7% del presupuesto de Justicia, según el informe de 2012 del Consejo de Europa sobre la eficiencia de Justicia. El mismo informe reduce el porcentaje al 22% si se incluye la partida destinada a la justicia.


GALLARDÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



 

LEY DE UNIONES DE HECHO FORMALIZADAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El día 18 de octubre de 2012 se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, por la que se regulan “los derechos y deberes de quienes son miembros de las uniones de hecho formalizadas, entendiendo por tales las formadas por dos personas que, con independencia de su sexo, convivan en una relación de afectividad análoga a la conyugal”.

Para su válida constitución, el artículo 3 de dicha Ley 5/2012 exige “la inscripción de la unión de hecho en el Registro de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana”.

La ley otorga a los miembros de estas uniones de hecho “formalizadas” una serie de derechos, tales como: derecho de alimentos (artículo 9), derechos sucesorios (artículo 14), derecho a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo y ayuda familiar (artículo 15), etc.

Esta Ley entrará en vigor el día 18 de noviembre de 2012.

 



 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA EL APARTADO 8º DEL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO CIVIL

El Pleno del Tribunal Costitucional, en sentencia dictada el día 17 de octubre de 2012, por la que se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad nº. 8912/2006, declara “inconstitucional y nulo el inciso favorable contenido en el artículo 92.8º del Código Civil, según redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio”.

Dicho precepto, en la redacción ahora declarada inconstitucional, afirma lo siguiente: “excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor”.

La citada sentencia señala, en su quinto fundamento jurídico que “tal y como está redactada la norma, si no concurre tal dictamen el órgano judicial no está legitimado para acordarla o establecerla. Y es en este último supuesto donde quiebra, en términos constitucionales, la razonabilidad de la norma enjuiciada (artículos 117, 39 y 24 de la Constitución Española)”. Precisamente porque “dicha decisión no puede quedar sometida al parecer único del Ministerio Fiscal, impidiéndose al órgano judicial valorar sopesadamente el resto de la prueba practicada”.                Debemos recordar, no obstante, que en la Comunidad Valenciana está en vigor actualmente la Ley 5/2011, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, popularmente conocida como Ley de Custodia Compartida, que establece este régimen con carácter general para los valencianos y cuya aplicación prima sobre lo dispuesto en el artículo 92 del Código Civil.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

LAS ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES EXIGEN LA INMEDIATA PARALIZACIÓN DE LAS REFORMAS PLANTEADAS POR RUIZ- GALLARDÓN

La Comisión Interasociativa -formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia(JD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-ha señalado que la propuesta del Ministerio que preside Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no da soluciones a "los verdaderos problemas de la Justicia".

Las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su rechazo a "cualquier iniciativa tendente al debilitamiento del CGPJ" y su "desacuerdo más absoluto" con aquellos proyectos legislativos que impidan preservar y conservar la independencia del Poder Judicial.

En este sentido, han recordado que, según los informes oficiales del Consejo de Europa, los órganos judiciales españoles se encuentran, junto con Turquía, en los últimos puestos en relación con los medios materiales de que disponen y el número de Jueces y Fiscales por habitante: España se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la carga de trabajo que soportan, al existir una ratio de Jueces y Fiscales por habitante muy inferior a la media europea.

Por ello y con el objetivo de evitar el colapso de la Justicia, han enfatizado que "no se puede únicamente establecerse unas tasas judiciales que limitan el libre acceso a la Justicia como Derecho constitucionalmente reconocido", ni se puede pretender "que los Jueces y Fiscales soportemos más carga de trabajo de la ahora soportada, estableciendo un sistema de sustituciones que no permite proporcionar a los ciudadanos una Justicia de calidad".

Por ello, reclaman la retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto Profesional de Jueces y Fiscales, así como la paralización de los Anteproyectos de Reforma del CGPJ.

Ante esta situación de "colapso" que vive la justicia actualmente, las asociaciones de jueces y fiscales también reclaman un incremento de la plantilla de ambos Cuerpos según las previsiones establecidas por el Consejo de Europa, el mantenimiento del presupuesto en materia de Justicia en "las previsiones del año 2013", y que no se establezcan tasas judiciales que impidan el acceso a la Justicia.

Como medida de presión, la Comisión Interasociativa ha convocado una concentración de jueces y fiscales para el próximo día 23 de noviembre, al mediodía, en todas las capitales de provincia y que, en Madrid, se celebrará frente al Ministerio de Justicia para reclamar el cumplimiento de sus reivindicaciones. Además, no descarta adoptar otras medidas de presión como la huelga.

Asimismo, las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la ejecución inmediata de las medidas ya acordadas de autorregulación que se pondrán en marcha a partir del próximo día 2 de noviembre, fecha a partir de la cual las actuaciones judiciales y fiscales se ajustarán estrictamente a las horas de Audiencia.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA APM, CON JESÚS CHAMORRO COMO PRESIDENTE




APROBADO EL ESTUDIO PROVISIONAL SOBRE LA MEDICIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

El Consejo General del Poder Judicial, en la sesión plenaria celebrada el día 15 de octubre de 2012, ha aprobado el Estudio provisional sobre la medición de la carga de trabajo de juzgados y tribunales.

Con este estudio se da inicio a la determinación de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, que el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su letra “r” encomienda a este Consejo.

Los datos que se contienen en este estudio se dirigen a establecer, como resultado final, la carga de entrada deseable de los diferentes tipos de órganos. Es, pues, una propuesta con la que en modo alguno se trata de establecer cifras de rendimiento de jueces y magistrados, ni determinación de objetivos a la que se refiere el artículo 8.1 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, los cuales quedaron anulados a todos los efectos en virtud de las sentencias dictadas en este sentido por la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Tras la aprobación de este estudio provisional, se inicia ahora el proceso para recoger las aportaciones y sugerencias tanto de los órganos de gobierno del poder judicial como de las asociaciones de jueces y magistrados.

Igualmente se tendrá en cuenta la aplicación experimental sobre la realidad así como el cumplimiento de las normas de homogeneización del registro, las reformas procesales y la repercusión que pueda tener la implantación de servicios comunes o el despliegue de la nueva oficina judicial sobre unos datos de cargas que, por su propia naturaleza, han de considerarse dinámicos y permanentemente adaptables a nuevas realidades.

Han votado 19 vocales a favor, 2 en contra y ocho vocales han formulado voto particular concurrente, por entender que el estudio provisional aprobado debería de trasladarse, para audiencia, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas, dado que la carga de trabajo que se evalúa no es sólo la del juez, sino que afecta igualmente a los secretarios judiciales y al resto del personal de la Administración de Justicia.

Según el contenido de este trabajo, para los jueces de Instrucción se fijan entre 6.751 y 8.085 asuntos por magistrado y año. Son los jueces a quienes se asigna más trabajo junto con los de Vigilancia Penitenciaria. Para la Audiencia Nacional, se fijan hasta 654 asuntos anuales para cada uno de los siete magistrados de Instrucción de este órgano. Para las Salas se prevén entre 91 y 109 asuntos para lo Social, hasta 240 en Contencioso-Administrativo y 90 en Penal.

GONZALO MOLINER, Presidente del CGPJ



 

 

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El Consejo de Ministros celebrado el día 11 de octubre de 2012 ha aprobado, a propuesta del Ministro de Justicia, el Anteproyecto de reforma del Código Penal, con el que se procede a la revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves.

Igualmente, ha conocido hoy el informe del Estatuto de la Víctima de Delito, cuyo objetivo es ofrecerles desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, reparadora del daño sufrido y a la vez minimizadora de otros efectos traumáticos que su condición les puede generar.

También ha sido aprobado el Proyecto Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia por el que se modifica, entre otras cosas, el régimen jurídico de las sustituciones de jueces y magistrados y de magistrados suplentes y se adapta la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a las previsiones del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que conlleva el ajuste presupuestario exigido por la coyuntura económica.

RUIZ GALLARDÓN EXPLICANDO EL ANTEPROYECTO

 

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN LA APREHENSIÓN, ANÁLISIS, CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

El día 3 de octubre de 2012, el Consejo General del Poder Judicial ha suscrito un acuerdo-marco que establece el protocolo de colaboración interministerial y judicial para la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

El acuerdo-marco fue firmado por Manuel Almenar Belenguer, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Fernando Román García, secretario de Estado de Justicia; Antonio Germán Beteta Barreda, secretario de Estado de Administraciones Públicas; Ignacio Ulloa Rubio, secretario de Estado de Seguridad; Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado y Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 367.ter.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 374.1.1ª del Código Penal, el Protocolo establece como regla general la destrucción anticipada de los alijos intervenidos y que sólo procede su conservación en los supuestos excepcionales en los que se considere precisa la conservación íntegra de la droga, mediante resolución judicial expresa y motivada.

El acuerdo uniformiza el procedimiento para la recogida y extracción de muestras, su orden de prelación y la reserva de muestras para los contra-análisis que pueden ser solicitados por las partes ante los órganos judiciales.

El Protocolo estandariza el proceso a seguir desde la aprehensión misma de la droga, al análisis, custodia y destrucción, con el objetivo de garantizar la cadena de custodia desde el primer momento en que se obtiene o encuentra la fuente de la prueba hasta la destrucción final de la droga.

Al mismo tiempo, se crea una comisión mixta de seguimiento y control de la droga almacenada y pendiente de autorización de destrucción.

20121003 PROTOCOLO DESTRUCCIÓN DROGAS.pd[...]
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LA ABOGACÍA RECHAZA LA IMPOSICIÓN DE NUEVAS TASAS JUDICIALES.

Con fecha 28 de septiembre de 2012, el Consejo General de la Abogacía Española ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados su propuesta de enmiendas al proyecto de ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología.

La Abogacía Española rechaza la implantación de estas nuevas tasas para que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia porque "las cuotas resultantes suponen enormes incrementos con respecto a las actualmente existentes".

La imposición de nuevas y más elevadas tasas tiene un "efecto disuasorio en numerosos casos, mucho más de los deseables y, sobre todo, en los de especial cuantía". Para la Abogacía, esta situación determina "una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva" y entienden que "no es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la Defensa y en el otro el pago de una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta".

Además, el presidente de la Abogacía Española manifiesta que "se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza".

Por otro lado, la Abogacía considera en sus alegaciones que las tasas, de acuerdo con la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos, deben tender en exclusiva a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya el hecho imponible.

Este principio configura la obligación de pagar a la Administración Pública por haber prestado un servicio del que se beneficia el usuario, por lo que la "imposición de una tasa debe vincularse al servicio prestado y no a otro servicio distinto que afectará lógicamente a personas distintas de aquéllas que satisfacen la tasa en cuestión".

Por ello, la afectación de la tasa, según prevé el artículo 11 del proyecto de ley, a la financiación de la asistencia de Justicia Gratuita "resulta exótica a las tasas como tributos en nuestro país".

La Abogacía considera que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y "no el sistema de asistencia jurídica gratuita".

  

 

LOS PARADOS PODRÁN SER REQUERIDOS PARA REPARAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS INCENDIOS

El día 7 de septiembre de 2012 se aprobó el Real Decreto- Ley 25/2012, para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas durante este verano.

La principal novedad de este Real Decreto- Ley es la posibilidad, prevista en el artículo 8.4, de que los desempleados que estén cobrando la prestación puedan ser llamados para realizar tareas de limpieza y reconstrucción de los montes quemados.

La normativa reguladora de estos trabajos de colaboración social está recogida en el artículo 213.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994 (por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), y en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982 (por el que se regulan medidas de fomento del empleo).

Así, el artículo 38.1 RD 1445/1982 señala que “las Administraciones Públicas podrán utilizar trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo sin pérdida para éstos de las cantidades que en tal concepto vinieran percibiendo, en trabajos de colaboración temporal que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad.

b) Que la duración máxima del trabajo sea la que le falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido.

c) Que no suponga cambio de residencia habitual del trabajador.

d) Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado”.

Los trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo vendrán obligados a realizar los trabajos de colaboración social para los que hubieran sido seleccionados. La renuncia no motivada de los mismos dará lugar a la suspensión de las prestaciones por desempleo durante un período de seis meses, de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 de la Ley Básica de Empleo (apartado 3º RD 1445/1982).

En cuanto a la retribución de estos trabajos, el apartado 4º de dicho artículo 38 RD 1445/1982 dispone que “los trabajadores que participen en la realización de obras, trabajos o servicios a que se refiere el número uno de este artículo tendrán derecho a percibir con cargo al INEM la correspondiente prestación o subsidio por desempleo. Las Administraciones Públicas completarán, mientras realicen tales trabajos, la prestación o subsidio hasta el importe total de la base reguladora para el cálculo de la prestación contributiva que estuviere percibiendo o que hubiere agotado antes de percibir el subsidio. En todo caso, se garantizará el 100 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento”.

La selección de estos trabajadores desempleados se realizará obligatoriamente por las Oficinas de Empleo (apartado 2º RD 1445/1982).




LOS ABOGADOS YA TIENEN DERECHO A UNA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA Y GRATUITA.

Tras la promulgación del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, los abogados que optaron por su mutualidad profesional, en vez de la Seguridad Social, han quedado incorporados al Sistema Nacional de Salud, siempre que no tenga ingresos superiores a 100.000 € en cómputo anual y que estén en alguno de los siguientes supuestos: tener nacionalidad española y residir en España, ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o ser nacionales de un país distinto de los anteriores y tener autorización para residir en territorio español.

La condición de beneficiarios la ostentarán, según el artículo 3 de dicho Real Decreto, siempre que residan en España, el cónyuge o pareja de hecho, el ex cónyuge o persona separada judicialmente a cargo del asegurado, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que, siendo mayores, tengan una discapacidad igual o superior al 65%.

 


EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL SUPREMO FIRMAN UN ACUERDO PARA REDUCIR LOS ASUNTOS PENDIENTES

Con fecha 26 de julio de 2012, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, han firmado el IV Plan de actualización del Tribunal Supremo, cuyo objetivo es resolver los asuntos en el mismo año de su recepción y lograr así la eliminación de la pendencia de asuntos.

El acuerdo, al que se han asignado 2.444.763 millones de euros, tendrá una vigencia de seis meses y abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012.

Para poner al día el Tribunal Supremo, reducir los tiempos en la resolución de asuntos y el volumen de asuntos pendientes (pendencia), el acuerdo suscrito determina la siguiente distribución de refuerzos para la asistencia en función de las distintas Salas del Supremo:

Sala 1ª de lo Civil (3.158 asuntos pendientes a 1 de mayo de 2012).

Un magistrado en comisión de servicio que prestará apoyo en la fase de decisión.

11 letrados en comisión de servicio para prestar apoyo en los trámites de admisión y de decisión.

8 funcionarios en régimen de prolongación de jornada.

Sala 2ª de lo Penal (2.260 asuntos pendientes).

Un magistrado en comisión de servicio.

Cuatro letrados en comisión de servicio para prestar apoyo en fase de decisión y/o admisión.

Dos funcionarios en régimen de prolongación de jornada.

Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo (10.656 asuntos pendientes).

19 magistrados en comisión de servicio para prestar apoyo en el trámite de decisión.

31 letrados en comisión de servicios para prestar apoyo en la fase de decisión.

10 funcionarios en régimen de prolongación de jornada.

Sala 4ª de lo Social (3.740 asuntos pendientes).

Tres letrados en comisión de servicio para la elaboración de informes de admisión e inadmisión y de los borradores de autos y para prestar apoyo en fase de decisión.

Dos funcionarios en régimen de prolongación de jornada.

Sala del artículo 61 LOPJ.

Un letrado en comisión de servicio para prestar apoyo en fase de decisión y/o admisión.

Además de las Salas del Alto Tribunal, el Plan de actualización del Supremo reforzará las áreas de Archivo e Informática del Gabinete Técnico con un total de seis funcionarios en régimen de prolongación de jornada.

GONZALO MOLINER Y RUIZ-GALLARDÓN



SOLEDAD BECERRIL, NUEVA DEFENSORA DEL PUEBLO

El 23 de julio de 2012 tomó posesión de su cargo la nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en un acto celebrado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados.

Soledad Becerril se ha convertido en la primera mujer en acceder al cargo de Defensor del Pueblo, sustituyendo en el cargo a María Luisa Cava de Llano, que ocupaba el puesto de manera interina desde que Enrique Múgica abandonó el puesto en 2010, al expirar su mandato.

Becerril, nacida en Madrid en 1944, fue la primera mujer que accedía al Consejo de Ministros desde la Segunda República cuando Leopoldo Calvo Sotelo la nombró ministra de Cultura en diciembre de 1981, cargo que ocupó hasta 1982. Además, fue alcaldesa de Sevilla entre 1994 y 1999, en las filas del Partido Popular.

De la mano de UCD, accedió al Congreso en las elecciones generales de 1977 y en la primera legislatura del Gobierno de Adolfo Suárez. Posteriormente, también fue diputada por las filas del PP en la cuarta, quinta y sexta legislaturas. En 2004 fue elegida Senadora por Sevilla y en 2008, de nuevo diputada por Sevilla.

Es licenciada en Filosofía y Letras, especializada en filología inglesa, por la Universidad de Madrid, y tiene estudios en la Universidad de Columbia. Ha sido profesora en la Universidad de Sevilla y fundó la revista de información andaluza 'La Ilustración Regional', de la que fue consejera delegada. Becerril recibió en 2006 la Medalla de Oro de Andalucía.

Soledad Becerril



 

ÁLVAREZ DE MIRANDA, NUEVO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El día 23 de julio de 2012, los doce consejeros que componen el renovado Tribunal de Cuentas tomaron posesión de sus cargos en un acto celebrado en el Congreso ante el presidente de las Cortes, Jesús Posada, y con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de otras autoridades institucionales.

En el Pleno celebrado a continuación, los nuevos consejeros han elegido por unanimidad a D. Ramón Álvarez de Miranda como presidente de la institución.

El nuevo presidente del órgano fiscalizador nació en Madrid en 1955, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, censor jurado de cuentas, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas,  funcionario del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas (nº. 1 de su promoción, la de 1991) y consejero titular del Departamento de Entidades Locales de dicho Tribunal desde 2001.

Hijo del ex Presidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas fue diputado de la UCD por Madrid en la primera legislatura, trabajó en el servicio de estudios económicos del Banco Urquijo, es autor de varias publicaciones especializadas y ha sido vocal de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA, en representación del Tribunal de Cuentas. 

Ramón Álvarez de Miranda

 



GONZALO MOLINER, NUEVO PRESIDENTE DEL CGPJ Y DEL TRIBUNAL SUPREMO

Tras dos sesiones extraordinarias que concluyeron sin acuerdo, el pleno del CGPJ propuso, en la reunión celebrada el 17 de julio de 2012, que se votara a los dos candidatos que habían conseguido el mayor número de apoyos. 

Así, los veinte vocales votaron primero la candidatura de José Ramón Ferrándiz, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no llegó a obtener la mayoría de tres quintos necesaria para ser designado, ya que obtuvo 9 votos a favor, 8 en contra y 3 en blanco.

Inmediatamente después se procedió a votar al magistrado Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social del Supremo, que sí logró esa mayoría mínima: 12 votos a favor, 5 en contra y 3 en blanco, con lo que será el próximo presidente del Supremo y del CGPJ hasta septiembre de 2013, cuando concluye el mandato del actual Consejo.


Gonzalo Moliner Tamborero (Fuente la Reina, Castellón, 1944) es juez, de oposición, desde 1969, hace ya 43 años.

De tendencia claramente progresista, formó parte de Justicia Democrática, una asociación clandestina fundada en los 70 y creada con el objetivo de democratizar las estructuras de la Administración de justicia. En 1983, fundó la asociación Jueces para la Democracia, de la que forma parte desde entonces. 

Mataró, Alzira, Ciudad Real y Castellón fueron algunos de los destinos por los que pasó antes de ser nombrado, en 1990, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del que también formó parte de la sala de gobierno.

En 1995, con el último Gobierno socialista en Valencia, ocupó, durante unos meses, la Dirección General de Justicia en la Generalitat valenciana, un cargo político en el que trabajó, fundamentalmente, sobre la transferencia de la justicia a las comunidades autónomas.

En 1998 dejó Valencia al ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Desde octubre de 2004 forma parte de la sala de gobierno del Alto Tribunal y desde 2008 preside la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la de lo Social. Así, aunque aún no están en vigor ni aprobadas, Gonzalo Moliner cumpliría los requisitos que el Ministerio de Justicia pretende imponer para los próximos presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo: 3 años de antigüedad como magistrado de sala o 25 de experiencia.

Ha firmado infinidad de artículos en revistas especializadas y ha escrito también varios libros entorno al derecho laboral, entre ellos: 'El recurso laboral de suplicación' (1991), 'Los recursos en el proceso laboral de ejecución' (1996) y 'Recurso laboral para la unificación de la doctrina' (2003).

Gonzalo Moliner



 

EL CGPJ ABOGA POR AMPLIAR LAS COMPETENCIAS DE LOS JUECES DE PAZ PARA JUZGAR LAS “FALTAS”

De acuerdo con un informe aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el día 28 de junio de 2012, titulado “Propuestas para la reducción de la litigiosidad” y suscrito por los vocales Antonio Monserrat, Margarita Uría, Ramón Camp y Miguel Collado, los niveles de litigiosidad son especialmente acusados en la jurisdicción penal, casi el 71 por ciento del total de los asuntos ingresados en el año 2010 en todas las jurisdicciones: “los Juzgados de Instrucción conocen del enjuiciamiento de la mayoría de las faltas” –dice el informe-, “3.448.548 asuntos de los 6.639.356  ingresados en el orden penal en 2010”, lo que equivale al 51% del total de asuntos penales.

El CGPJ propone, como primera medida, ampliar las capacidades y competencias de los Jueces de Paz para que puedan juzgar estas faltas que actualmente resuelven los jueces de instrucción. Y plantea, como segunda medida, la posibilidad de configurar en un futuro un nuevo cuerpo judicial diferente al de los jueces y magistrados de carrera, pero especializados en este campo, los llamados “Jueces de Justicia Básica”.

De esta forma, dice el informe, se “contribuiría a aligerar la carga de trabajo actualmente soportada por los Jueces de carrera, derivando un gran número de litigios con escaso alcance económico y poca complejidad jurídica hacia ese segundo circuito de órganos judiciales”.

 


DIMITE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

Carlos Dívar ha dimitido este jueves, 21 de junio de 2012, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, un mes y medio después de que saltara la polémica por sus viajes a Marbella cargados al presupuesto del CGPJ.

Es la primera vez en la historia que se produce una dimisión del máximo responsable del poder judicial. El pasado 13 de junio de 2012, el Tribunal Supremo acordó, por once votos contra cuatro, no admitir la querella contra Carlos Dívar, presentada por la asociación Preeminencia del Derecho, por malversación de fondos públicos por sus viajes a Marbella de fines de semana de hasta cuatro días que cargó al presupuesto del CGPJ. A pesar de ello, los 32 viajes que realizó a Marbella y a otros puntos de la geografía nacional por valor de unos 28.000,00 euros y cargados a las cuentas del CGPJ, han sido finalmente el detonante de esta histórica dimisión.

Tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el hasta ahora Vicepresidente, Fernando De Rosa, ocupará el cargo de Presidente en funciones del CGPJ. En el Tribunal Supremo, el encargado de asumir la Presidencia en funciones será el magistrado Juan Antonio Xiol Rius, el presidente de sala más antiguo.

Xiol Rius comenzó su carrera judicial en 1972, primero en los juzgados de primera instancia e instrucción y más tarde en salas de lo Contencioso–Administrativo de Vizcaya, Barcelona y Madrid. Tiene antigüedad como magistrado del Tribunal Supremo desde 1986. Tal y como él mismo explicó en una reciente entrevista, "estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, que era la única existente entonces. Después de acabar la carrera en 1968 hice la oposición de judicatura, también preparada en Barcelona y, a partir de ahí, inicié mi carrera judicial. El primer juzgado fue el de Cervera, en la provincia de Lérida, luego en Tarrasa, después saqué la especialización de lo Contencioso-Administrativo y fui a Bilbao y Barcelona. Estuve también en comisión de servicio como magistrado adscrito al entonces presidente del Tribunal Supremo, don Ángel Escudero del Corral, asesorándole directamente para la adaptación del estatuto judicial a la nueva Constitución de 1978. Más tarde, sin perder mis derechos en la carrera judicial, estuve en el Tribunal Constitucional y saqué la oposición de letrado, luego ocupé el puesto de secretario general. Fui también director general de Justicia, y luego fui nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Primero estuve en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y más tarde me nombraron para el cargo que estoy ejerciendo en la actualidad, presidente de la sala de lo civil, de la Sala Primera”.

Carlos Dívar



 

LOS PROCURADORES QUIEREN ENCARGARSE DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS

Los Procuradores piden encargarse de la ejecución de las sentencias y aseguran poder reducir los trámites judiciales de meses a días si se les asignan nuevas funciones. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del colectivo, Juan Carlos Estévez, en una rueda de prensa previa a la inauguración por parte del ministro de Justicia del XIII Congreso Nacional de Procuradores que se celebra del 6 al 9 de junio de 2012 en Córdoba.

Aunque ha puntualizado que “la Justicia no funciona tan mal como la gente cree”, ha afirmado que el problema llega a la hora de ejecutar las sentencias. Por ello, piden ser ellos, los procuradores, quienes ejecuten las sentencias con la ayuda del órgano judicial y se encarguen de las funciones que haya que llevar a cabo para que se cumplan.

Además, plantean hacerse cargo de los actos de comunicación en los procesos. Ya lo hacen, desde 2009, en los actos de comunicación primaria entre las partes, pero su propuesta ahora es más ambiciosa, ya que piden ir un paso más allá, en las comunicaciones secundarias o externas. Para ello, proponen la eliminación de los servicios comunes de notificación y embargos, que, según Estévez, llevan a cabo esta función “con éxito regular o poco éxito”.

Ha puesto un ejemplo: en Madrid se tarda, de media, unos dos meses en realizar una comunicación y eso es lo que provoca grandes demoras en la tramitación de los procesos. Los procuradores estiman que, con su intervención, se podría pasar de meses a días. Así, en procesos que con cinco comunicaciones se tarda una media de 10 meses, ellos podrían hacerlo en tan sólo cinco días.

 


EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL APRUEBA EL NUEVO MAPA JUDICIAL

En la sesión celebrada el día 3 de mayo de 2012, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado las “BASES PARA UNA NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL”, en las que se incluye el nuevo mapa de partidos judiciales, cuyo diseño se ha basado en “la concentración de recursos, la racionalización del trabajo, la especialización como presupuesto inicial para una Justicia de calidad, la colegiación de asuntos y la apuesta por una justicia titular y profesional”.

Según la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, “el objetivo es mejorar la calidad de la Justicia, con el acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios demandados en una sociedad moderna: jueces especializados, forenses, gabinetes psico-sociales, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la víctima, unidades de valoración de riesgo para las víctimas de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, unidades de policía judicial, servicios de atención al ciudadano”.

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, el nuevo mapa judicial reduce los 36 partidos judiciales actualmente existentes a tan sólo 22 partidos. La reducción por provincias queda de esta manera:

En Alicante se reducen de 13 a 8 los partidos judiciales, quedando con la siguiente distribución:

                  Alicante y Sant Viçent del Raspeig

Alcoi, Ibi y Villena

Benidorm, La Vila Joiosa

Denia

Elda, Novelda

Elx

Orihuela

Torrevieja

En Castellón se reducen de 5 a 4 los partidos judiciales, quedando con la siguiente distribución:

                  Castelló de la Plana

                  Segorbe

                  Vila- real, Nules

                  Vinarós

Y en Valencia se reducen de 18 a 10 los partidos judiciales, quedando con la siguiente distribución:

                  Alzira, Carlet, Sueca

                  Catarroja, Picassent

                  Gandía

                  Ontinyent

                  Paterna, Moncada Lliria

                  Torrent

                  Requena

                  Sagunt, Massamagrell

                  Valencia, Mislata, Quart de Poblet

                  Xàtiva

 

 

EL 1º DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR

El día 17 de octubre de 1884, durante la celebración de su IV Congreso, la Federación de Sindicatos Organizados y Uniones Laborales de los EEUU y Canadá, posteriormente conocida como Federación Norteamericana del Trabajo (AFL), acordó que, a partir del día 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas (“ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”), yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer promulgar leyes en ese sentido en sus jurisdicciones.

¿Por qué se eligió precisamente el 1° de mayo como la fecha en que debería estallar la huelga general en todos los Estados Unidos?. La explicación más atendible es la que recuerda que, por aquel entonces, el 1° de mayo era la fecha en que debían renovarse los contratos colectivos de trabajo, así como otras obligaciones generales, los arriendos de tierras y convenciones similares. Era el “moving-day” (día de mudanza) norteamericano, equivalente a los compromisos de trabajo que se iniciaban el día de San Juan en el Sur de Francia por esos años, o en Navidad en otras regiones de Europa. Además, el año designado (1886) daba el tiempo suficiente para que los patrones fueran advertidos y conocieran las demandas y las consecuencias de su negativa, sin poder pretextar después la sorpresa de la petición como factor para rechazarla.

Ante la resistencia patronal, el día 1 de mayo de 1886, se declararon 5.000 huelgas y 340.000 huelguistas dejaron las fábricas, para ganar las calles y allí vocear su demandas. A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. Y poco a poco se fue generalizando la jornada de 8 horas, tanto en Norteamérica como en Europa.

A lo largo del siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución y amparo social, si bien, en la última década del siglo, esos progresos retrocedieron bajo la influencia del neoliberalismo.

Y la regresión social continúa en este inicio del siglo XXI: resulta curioso que esa reivindicación histórica (jornada de 8 horas diarias) que todos creíamos superada todavía sigue siendo una de las "lacras" del laborismo español: hace apenas veinte días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba un informe según el cual, cada semana, los trabajadores españoles realizan 2.521.800 horas extraordinarias por las que no son remunerados por sus empresas, lo que supone un total de 72.028 jornadas laborales completas de 35 horas semanales.

Ello quiere decir que los trabajadores españoles trabajan más de 8 horas diarias y que, encima, no cobran esas horas que trabajan de más.

 


EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PRETENDE REDUCIR LOS 431 PARTIDOS JUDICIALES EXISTENTES ACTUALMENTE A LA MITAD

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, en la sesión celebrada el día 19 de abril de 2012, un documento que contiene los principios y criterios básicos para nueva demarcación judicial. El nuevo mapa judicial resultante de la aplicación de esos criterios no ha sido aprobado, y será abordado por la institución en una reunión plenaria extraordinaria convocada para el próximo 3 de mayo.

Se afirma en dicho documento que “la Ley Orgánica 39/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, manejó un modelo de partido judicial de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, unos 15 kilómetros de radio. Fruto de aquel diseño se crearon 105 nuevos partidos judiciales que se sumaron a los 317 existentes en aquel momento. Posteriores ampliaciones llevaron a la cifra actual de 431 partidos judiciales”.

Y continúa afirmando que, “desde su aprobación en 1988, la situación en España ha cambiado considerablemente: los incrementos y disminuciones demográficas, los flujos de población, los polos industriales, el desarrollo urbanístico y turístico, las comunicaciones, los medios de transporte, las tecnologías de la información y de la comunicación, el modelo de oficina judicial, la forma de tramitar los procedimientos… han sufrido alteraciones especialmente significativas hasta el punto de provocar serios desfases entre la estructura y organización territorial y las demandas y necesidades de la sociedad de hoy. Además, la ciudadanía exige a la administración de Justicia una serie de servicios externos (gabinetes psico-sociales de familia, puntos de encuentro familiar, servicios de atención al ciudadano, servicios de atención a las víctimas, unidades de valoración de riesgo en casos de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, unidades de Policía Judicial, entre otras) cuya operatividad eficiente impone que su implantación permita dar servicio a varias unidades judiciales. A estos factores es necesario añadir el decido compromiso del Consejo General del Poder Judicial por un factor claves para la mejora del servicio público de la Justicia, una mayor especialización judicial. La fusión de partidos judiciales permitirá la separación de jurisdicciones de órganos que son los que tienen un trato más directo con el ciudadano. A su vez, ese elemento facilitará una mayor agilidad en la tramitación de los procesos y permitirá una más eficaz labor jurisdiccional”.

Según ha afirmado hoy Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, eso no supone que se vayan a cerrar las sedes judiciales, ni que los jueces y los trabajadores de los juzgados tengan que hacer las maletas: “la nueva demarcación judicial, más que hablar de la desaparición de juzgados, habla de reagruparlos, con el objetivo de mejorar el servicio”.

De esta forma, y según las estimaciones del Consejo General del Poder Judicial, “la aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200”. En la Comunidad Valenciana desaparecerán 16 de los 36 partidos judiciales existentes actualmente, quedando reducidos a 20. En concreto, en la provincia de Valencia se pasaría de 18 partidos judiciales a 9: Mislata y Quart de Poblet se unirían a Valencia. Sagunto se reagruparía con Massamagrell. Carlet y Sueca se unirían a Alzira. Catarroja y Picassent serían un único partido. Xàtiva absorvería a Ontinyent. Paterna, Moncada y Llíria formarían una sola unidad judicial. Seguirían igual Torrent, Requena y Gandia.

 


UN FALLO EN EL CÓDIGO PENAL OBLIGA A REBAJAR LA PENA POR DAÑOS TERRORISTAS DE 5 A 3 AÑOS

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha apreciado "un error" en la reforma realizada en el Código Penal en el año 2010 que obligará, a partir de este momento, a reducir la pena impuesta en casos de comisión de delitos de daños terroristas de cinco a tres años de cárcel.

Según se desprende de un auto hecho público ayer lunes, día 12 de marzo de 2012, en el que se revisa la situación de un condenado por este delito (Aliande Hernández), a petición de su defensa, los artículos 263, 264 y 266 no establecen una pena agravada en el caso de que los daños cometidos sean de tipo terrorista, de forma que, tras la referida reforma, los daños ordinarios y los terroristas llevan aparejada la misma pena.

"No es descartable, sino casi seguro, que este efecto favorable al reo sea producto de un descuido del legislador", dicen en el auto los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Luis Hurtado y Enrique López.

Por ello, interpretan que en la redacción del texto legal se sufrió "un error" y se relacionó el tipo agravado con la quema de ordenadores cuando lo que se pretendía era aparejarlo a los actos de tipo terrorista.

En esta línea y para dejar patente el error el ponente Enrique López especifica que los daños informáticos "habitualmente no se causan mediante incendio o explosión sino por otros medios más sofisticados y que tienen que ver más con el uso de la ciencia informática".

De esta forma, el error provoca que quemar un ordenador se castigue con más años que los actos de 'kale borroka', advierte la Audiencia Nacional.

El Ministerio de Justicia ya ha anunciado que pretende corregir en el borrador de la próxima reforma del Código Penal, que prevé tener listo para antes del verano, este "error" detectado por la Audiencia Nacional.


EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A BALTASAR GARZÓN

La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, en sentencia dictada el día 9 de febrero de 2012, condenó a D. BALTASAR GARZÓN REAL como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.

Baltasar Garzón

 

 

NUEVA LEY CONCURSAL

El día 1 de enero de 2012, entró en vigor la reforma introducida por la Ley 38/2011 en la Ley Concursal.

La nueva ley establece que las empresas en dificultades puedan llegar a acuerdos de refinanciación previos a la declaración de insolvencia si reciben el respaldo de los acreedores que representen el 60% de las deudas y cuenten con el informe favorable de un experto independiente.

De esta forma, se corrige la capacidad que tenían las minorías para bloquear los acuerdos y que ha obligado a muchas empresas a verse abocadas al concurso de acreedores. Más del 90% de los procesos concursales en España acaban en liquidación.

Por otro lado, en los nuevos procesos concursales se facilitará la entrada de liquidez en las empresas para evitar el deterioro de la situación de impagos.

En cuanto al endeudamiento personal o familiar, la nueva Ley Concursal introduce soluciones extrajudiciales que favorezcan la renegociación de las deudas con la intervención de mediadores o de pactos notariales.


MINISTERIO DE JUSTICIA

  El pasado jueves, 22 de diciembre de 2011, se publicaba en el BOE el nombramiento de los nuevos Ministros del Gobierno de España, entre los que cabe destacar, por la incidencia que tiene su Ministerio en el ámbito jurídico, al Ministro de Justicia, D. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ.

  El nuevo Ministro de Justicia anunció, en el acto de su toma de posesión, su intención de modificar el procedimiento del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de los requisitos necesarios para acceder a magistrado del Tribunal Constitucional.

  Asimismo, Gallardón ha avanzado que elaborará desde el Ministerio de Justicia un Estatuto de la Víctima para reforzar la protección y los derechos de estas personas.

  Otro de los compromisos que ha adquirido Gallardón ha sido mejorar, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la selección, formación y acceso a la carrera judicial, siempre "con el principio en mente de preservar su independencia, su imparcialidad", incluyendo aquí al Ministerio Fiscal, ha destacado.

Alberto Ruiz Gallardón

 

 

EL NUEVO DESAHUCIO EXPRES

  El día 1 de noviembre de 2011 entra en vigor la reforma introducida, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley 37/2011, con respecto al desahucio de los arrendatarios morosos.

  Con esta reforma se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de forma que el Secretario Judicial requerirá al arrendatario para que, en un plazo de 10 días, pague, desaloje el inmueble o formule oposición, alegando sucintamente las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.

 En el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, ni pague ni formule oposición tras el requerimiento, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior.


REFORMAS PROCESALES

   El día 10 de octubre de 2011 las Cortes Generales aprobaron tres normas muy importantes:

   Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, con la que se pretende una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, ofreciendo un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos de los trabajadores.

   Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, cuyo objeto es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo, con el propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal.

  Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, con la que se profundiza en las «alternativas» al concurso o los denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación. Además, se simplifica y agiliza el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando y regulando un verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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